«Queremos saber» es el nombre de una nueva iniciativa ciudadana contra las ilegalizaciones de partidos vascos que ayer presentaron en Donostia. Sus promotores, que se presentan como «simplemente un grupo de amigos», informaron de que se han dirigido expresamente al Tribunal Supremo español, encargado de los procesos de ilegalización, para reivindicar, mediante una acción pacífica, los derechos civiles y políticos. La acción cuenta con apoyo de distinguidas personalidades.

Si bien recuerdan que la detonante de las ilegalizaciones fue la creación de la Ley española de Partidos por parte del PSOE y PP, que ya ha actuado contra más de 600 listas electorales, subrayan que tras el arresto y encarcelamiento de 13 miembros de D3M y Askatasuna en enero les motivó a llevar a cabo la acción pacífica.

Derechos, o no

Los promotores han enviado al Alto Tribunal español «un número elevado de firmas, para que nos contesten a nuestra pregunta de si estamos en posesión del derecho a ser elegidos».

La protesta, entre otros, cuenta con el respaldo de las europarlamentarias de Sinn Féin Bairbre de Brun y Mary Lou Mc Donald, así como del filósofo parisino Daniel Bensaid y de Javier Sádaba, y los periodistas Tony Strubell y Mariano Ferrer.

Los firmantes han hecho llegar al Tribunal Supremo español las siguientes afirmaciones, para que, después, les den respuesta respecto al estado de sus derechos civiles y políticos: «Hemos avalado con nuestra firma la constitución de la agrupación electoral D3M, u otras, anteriormente; apoyamos en su día al PCTV (...); hemos apoyado a formaciones posteriormente ilegalizadas (...); hemos tomado parte en manifestaciones (...); y apoyamos todos los intentos de que las opciones independentistas de izquierdas puedan concurrir a las elecciones (...)».

Ahora sólo queda que el Supremo les responda.