La historia se repite. La quinta mujer asesinada en lo que va de año por la violencia patriarcal en Euskal Herria llegó el sábado de madrugada. Su nombre era Yasmin Zamira Rodríguez, irundarra de 37 años a la que su ex compañero le arrebató la vida.

Esta mujer desconocida hasta entonces y que seguro que habría padecido la invisibilidad por parte de sus vecinos fue tristemente la protagonista de cada parte informativo y de las primeras páginas de muy diferentes rotativos en su edición dominical. La conmoción se expandió por toda la localidad de Irun y su Ayuntamiento sacó del cajón el protocolo institucional que tiene elaborado ante este tipo de situaciones.

Primero, después de asegurarse de que la prensa estaba sobre aviso, convocó un pleno municipal de urgencia en el que, por unanimidad, se mostró la «más absoluta condena» ante esta nueva agresión machista, y donde se afirmó que «no podemos quedarnos impasibles» frente a esta lacra.

Otro de los puntos del protocolo se basa en prestar la atención necesaria a la familia de la víctima lo que suele traducirse en personarse como acusación particular. El tercer punto, y éste hay que organizarlo con mimo, atando todos los detalles, es la concentración en repulsa por este asesinato. Hay que localizar a los allegados de la víctima, sea como sea, y colocarlos en un lugar estratégico, al lado de los cargos políticos a poder ser. La familia se tiene que sentir arropada y más aún ante las cámaras. A ser posible que las imágenes recojan rostros compungidos de concejales y altos cargos. ¡Qué fácil es llorar!

Y punto. Hay se acaba todo el protocolo. Ni un sólo debate sobre cómo evitar un hecho de este tipo, ni una sola medida de cara al futuro, ni un solo intento de educar en la igualdad. Nada de nada. Aquí empieza y acaba la lucha contra la violencia de género por parte de las instituciones y dicen además, que no podemos quedarnos impasibles ante esta lacra. Sin embargo, con esta clase de políticas sólo cabe esperar una muerte más.