La decisión del Gobierno español de impugnar la candidatura al Parlamento Europeo Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos sólo es comprensible circunscrita en una dinámica represiva que no duda a la hora de suprimir derechos y libertades elementales en la lógica de una estrategia de Estado que cree que cada vez necesita dar menos explicaciones sobre su proceder, aun cuando éste haya sido cuestionado seriamente por altas instancias internacionales como la ONU. Para ello no precisa más que un discurso que se reivindica defensor de los valores democráticos, aunque su plasmación práctica sea un atentado contra esos mismos valores, el impulso y la justificación mediática que en muchos casos preceden a cada uno de esos actos y el revestimiento jurídico oportuno.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía españolas afirman que existen pruebas que acreditan que esa candidatura es una «sucesión fraudulenta del entorno ETA-Batasuna», de tal modo que extienden el despropósito fuera de los límites de Euskal Herria y se desconoce hasta dónde pretenden hacerlo llegar. La causa última de esa dinámica es el miedo a una posible solución democrática del llamado conflicto vasco, pero ése no es el único miedo de esos ilegalizadores compulsivos, ya que además temen que en el Estado español cristalice una opción de izquierdas, progresista, que cuestione un sistema depredador de personas y pueblos como el imperante y que apueste por un marco democrático también para Euskal Herria. Un mínimo sentido democrático no puede admitir esa sinrazón que «anula» toda aquella opción que cuestione el statu quo, y menos que pretendan presentar como garante democrático la pura ilegalización de ideas. De ideas y de personas, llámense Alfonso Sastre o como quieran llamarse.

La realidad es que en Euskal Herria se encarcela a personas por el hecho de presentarse a unas elecciones. La triste verdad es que a decenas de miles de vascos les es saboteado el derecho de sufragio y que esa supresión de libertades se extiende al Estado español.