Indígenas andinos piden un juicio internacional contra Alan García
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas llamó a impulsar un juicio internacional contra el presidente de Perú, Alan García, y su Gobierno por «genocida» y a denunciar la muerte de indígenas con concentraciones en las embajadas y envío de cartas. García, mientras, afirmó que se enfrenta a «una conspiración» y acusó a los indígenas se emplear «métodos idénticos a los de Sendero Luminoso».
GARA |
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que agrupa a indígenas de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina, denunció la muerte de una treintena de indígenas y «la intransigencia» del Gobierno de Alan García, al que acusaron de «cerrar todas las puertas al diálogo y optar por el genocidio».
Por ello, hizo un llamamiento a impulsar un juicio internacional contra el presidente y su Ejecutivo, a concentrarse frente a las embajadas y sedes diplomáticas de Perú en todos los países, y a enviar cartas al Gobierno, al Relator Especial de la ONU para Pueblos Indígenas, a Survival International, Amnistía Internacional, los premios Nobel de la Paz, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización Internacional del Trabajo para que manden «de inmediato» misiones a Perú.
Animó a secundar todas las movilizaciones convocadas con motivo de la Jornada Nacional de Lucha, que se celebrará el jueves en solidaridad con los pueblos indígenas amazónicos.
El 9 de abril, alrededor de 60 etnias amazónicas iniciaron una protesta para pedir la derogación de una serie de leyes, como la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la de Recursos Hídricos, incluidas en el Tratado de Libre Comercio con EEUU, al considerar que vulneran sus derechos a la propiedad el control sobre sus propios recursos.
El pasado viernes, las Fuerzas Armadas lanzaron un operativo terrestre y aéreo contra los indígenas que desde hacía dos meses mantenían bloqueada la carretera Fernando Belaunde en la zona de la Curva del Diablo, en la Amazonía peruana. En los enfrentamientos hubo una treintena de muertos y un número indeterminado de detenidos. La defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero, habló de 32, mientras que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía (Aidesep) elevó esta cifra a 150. Precisó que permanecen en una base militar que identificó como el Batallón 16 El Milagro. «Están arrodillados y con posibilidad de ser fusilados», remarcó. El Poder Judicial emitió una orden de búsqueda y captura contra el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, que en declaraciones realizadas el viernes a Telesur defendió la legitimidad de las protestas y denunció el uso de «armas de guerra como si nosotros fuéramos delincuentes».
En respuesta a la actuación policial, un grupo de indígenas retuvo a más de treinta agentes. De ellos, 9 fallecieron y 7 desaparecieron en una sangrienta y confusa operación de rescate. Otros 22 fueron «liberados», según informó el Gobierno, que no dio detalles de cómo se desarrolló el operativo.
El sábado, el presidente Alan García afirmó que se enfrenta a «una conspiración» y acusó a los líderes indígenas de utilizar «métodos idénticos a los empleados por Sendero Luminoso». Sugirió también que podrían estar siguiendo «órdenes internacionales» y que las movilizaciones indígenas estarían azuzadas por «políticos que predican fórmulas extremistas».
«Estoy seguro de que la población de todo Perú apoyará las acciones contra la agresión subversiva y el terrorismo», añadió.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Francisco Javier Contreras, declaró que continuará el toque de queda de 15 horas diarias y el estado de emergencia en las provincias de Bagua y Utcubamba, al norte del país y escenario de las protestas.
La defensora del Pueblo informó que los indígenas comenzaron a regresar a «sus lugares de origen tras haber sido registrados por el Ministerio Público». El mercado municipal de Bagua, desabastecido tras casi dos meses de bloqueo de la carretera, recuperó ayer su normalidad. La agencia Andina señaló que la comisaría y entrada de la localidad estaban vigiladas por agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (CAIN) de Colombia denunció la persecución judicial contra tres líderes indígenas de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Según explicó, el cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparrán, adscrito a una unidad de contraguerrilla, se infiltró en el organismo aprovechando sus rasgos étnicos. Tras interceptarlo, las autoridades indígenas procedieron a «juzgarlo según usos y costumbres en asamblea. Fue sometido a una ceremonia de corrección y entregado a la Defensoría del Pueblo del Cauca», señaló la CAIN en un comunicado.
La organización indígena subrayó que un juez ordinario no tiene jurisdicción sobre este caso que, según la Constitución, corresponde a las autoridades indígenas en su territorio.
«Acá se pretende condenar a las autoridades judiciales indígenas por parte de quienes, desde el Estado, cometieron un delito y fueron descubiertos en flagrancia», remarcó.
«Los hechos demuestran la falta de garantías legales y procesales que existen en el país, de manera que los delincuentes de la Fuerza Pública se atreven no sólo a cometer delitos, sino que luego se convierten en acusadores de sus propias víctimas», incidió.
Afirmó que lo ocurrido en Perú y Colombia es «un anuncio de masacres y persecución genocida y etnocida». «Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá el terror de siempre se suma a la burla de la justicia. Es la misma lucha, son los mismos regímenes y sólo la unidad en resistencia hará libres a nuestros pueblos», insistió.
La ministra de Justicia de Perú emplazó al líder indígena Alberto Pizango a que «no se refugie en la cobardía del anonimato». Pizango, al que acusan de promover las protestas, acusó al Gobierno de genocidio.
