Nicaragua da asilo político al líder indígena peruano Pizango
La crisis en Perú ha tomado alcance continental. Ayer, el Gobierno de Nicaragua concedió asilo político al líder indígena peruano Alberto Pizango, que, tras varios días en búsqueda y captura, se refugió en la embajada nicaragüense en Lima. El Gobierno de Bolivia, por su parte, rechazó cualquier implicación del país en las protestas indígenas, tal y como sugirió el presidente peruano, Alan García, que llegó a hablar de la existencia de una «conspiración externa».
GARA |
El Gobierno de Nicaragua concedió asilo político a Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonia (Aidesep), que desde el 9 de abril promueve un paro indefinido en las comunidades selváticas. Las protestas para exigir la derogación de varias leyes que permiten a las multinacionales explotar el territorio y los recursos indígenas se han traducido en cortes de carretera, tomas de yacimientos petroleros y gasísticos y bloqueo de ríos. La actuación de las Fuerzas Armadas peruanas para reprimir las movilizaciones ha dejado un saldo de, al menos, treinta indígenas y una veintena de agentes muertos.
El embajador nicaragüense en Lima, Tomás Borges, afirmó ayer que Pizango, que cuenta con el respaldo del opositor Partido Nacionalista Peruano y de la Confederación General de Trabajadores del Perú, cumple todas las características de «perseguido político» e informó que la Organización de Estados Americanos está analizando la muerte de indígenas en las regiones amazónicas de Perú.
«Nuestra única alternativa teniendo en cuenta el espíritu solidario que tiene Daniel Ortega con los que se supone son perseguidos políticos, es otorgarle asilo político al señor Pizango», manifestó. Preguntado sobre si esta decisión complicará las relaciones con el Ejecutivo de Alan García, dijo que lo desconoce.
«No tenemos más remedio ni más alternativa que otorgarle el asilo por tratarse de un caso estrictamente político y por ser un perseguido político», insistió. El viaje de Pizango, refugiado en la embagada de Nicaragua en Lima, depende de la rapidez con que el Gobierno peruano le facilite un salvoconducto.
Por su parte, el Gobierno de Bolivia rechazó las imputaciones del mandatario peruano, que acusó a países vecinos de financiar y apoyar las protestas indígenas. El portavoz de la Presidencia boliviana, Iván Canelas, denunció el intento «tendencioso» por incriminar al presidente Evo Morales. «Rechazamos cualquier insinuación de esa naturaleza», remarcó.
El desacuerdo con García también ha tenido consecuencias en el propio Gobierno peruano con la dimisión de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, por no estar de acuerdo con el «manejo del conflicto de los nativos».
Un total de seis organizaciones de derechos humanos exigieron ayer en la ciudad selvática de Bagua «transparencia» y que se investigue lo ocurrido. «Hay indicios para investigar», subrayó Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal. Exigió a las autoridades que permitan el acceso de organismos civiles y medios para intentar esclarecer las denuncias de desapariciones de cadáveres de «forma diligente y no negligente». Instó también al Gobierno a que no envíe a policías y soldados «sin preparación». Por su parte, Juan José Quispe, de la Asociación Pro Derechos Humanos, expresó su preocupación por la situación de los indígenas detenidos, «a quienes se les ha impuesto un abogado de oficio y se les ha interrogado sin un intérprete». En otros casos, les mantienen incomunicados, según sus familiares.
En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio de Perú, el líder amazónico Zebelio Kayap afirmó haber visto cómo metieron los cuerpos en «sacos negros y fueron llevados a las orillas del río Marañón para tirarlos. La población pedía que los devolvieran para darles cristiana sepultura, pero la Policía no lo hizo».
El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez, añadió que los militares y policías no permitieron la entrada de médicos ni periodistas. El director de Radio TV Oriente, Geovani Acate, corroboró tales denuncias. Citó el caso de un cámara en cuyo domicilio se presentaron varias personas, presuntamente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, y le advirtieron que «dejara de mandar reportes porque podría tener problemas».
