Los autodenominados estados democráticos son muy proclives a enviar observadores internacionales a otros en que se supone que las garantías democráticas y constitucionales no gozan de la tradición y fuerza de que disfrutan los ciudadanos del país al que pertenecen los observadores de turno. Probablemente, en algunos casos estas comisiones sirven para que los observadores, normalmente parlamentarios, se peguen unas fantásticas vacaciones por la patilla, pero hay que admitir que no siempre es así y que en determinadas circunstancias su presencia puede servir de garantía, al menos para disuadir a los tramposos locales de llevar a cabo las maniobras ilegales y antidemocráticas que tenían pensado ejecutar, para conseguir de forma espuria sus turbios intereses.

La presencia de estos observadores es frecuente en procesos electorales, para certificar la pureza de los mismos y dar fe de que no ha habido pucherazo. El tema es de rabiosa actualidad si tenemos en cuenta la que hay liada en Irán, como consecuencia de las protestas de los opositores que consideran, muy probablemente con toda razón, que les quieren dar gato por liebre y que, aunque han ganado las elecciones en las urnas, las han perdido oficialmente, porque los que tienen el monopolio de llevar a cabo el recuento de votos, que son, casualmente, los que mandaban antes y los que ahora pretenden seguir haciéndolo contra viento y marea, dicen que son ellos los vencedores.

Los veintisiete países de la Unión Europea, y entre ellos el canciller español Moratinos, han instado a las autoridades iraníes a que investiguen las denuncias de fraude electoral, y que revisen los resultados para que la elección desemboque en unos resultados justos.

Francamente, parece que el Reino de España ve la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Y es que tras lo ocurrido en las recientes elecciones europeas con Iniciativa Internacionalista y las múltiples irregularidades denunciadas, no es de recibo andar por el mundo dando lecciones antes de hacer limpieza en la propia casa, salvo que se tenga un morro de los de pisárselo. No es necesario descender al detalle de todo lo acontecido para llegar al convencimiento de que no es ni casual ni espontáneo, ni fruto de la ocurrencia de cuatro locos repartidos a lo ancho de la Piel de Toro, sino consecuencia de una estrategia diseñada para evitar, a cualquier precio, que esa candidatura tuviera presencia europea.

Todo esto puede inducir a pensar que sacar del frigorífico ahora la rocambolesca y vieja historia de la supuesta fuga de presos en helicóptero puede ser la cortina de humo para desviar la atención del embarazoso asunto electoral y de paso llevarse por delante al amigo Goioaga, abogado calificado por otros compañeros de testigo incomodo de las vulneraciones de derechos de los presos vascos, al que han encarcelado. ¡Ojalá que sea por poco tiempo!