Arrúe cree «insuficiente» la pena de dos años y destierro de Goikoetxea
El testimonio de la concejal del PP de Getxo, Marisa Arrúe, ha sido suficiente para que la Audiencia Nacional haya condenado a Zigor Goikoetxea por unas amenazas «de muerte» que ni policías españoles ni municipales escucharon. Además, le han impuesto la prohibición de residir en su pueblo y una sanción de 6.000 euros, pero Arrúe lo considera «insuficiente» y anunció que recurrirá la sentencia.
GARA | BILBO
Zigor Goikoetxea ha sido condenado a dos años de cárcel por una denuncia por amenazas realizada por la concejal del PP de Getxo, Marisa Arrúe. La Audiencia Nacional española se ha sustentado en el testimonio de Arrúe para emitir una sentencia en la que impone también la prohibición de residir en Getxo a Goikoetxea, que deberá abonar 6.000 euros como indemnización a la concejal del PP. Además, no podrá acercarse a menos de 300 metros de Arrúe.
Policías españoles y municipales dijeron en el juicio que no escucharon ninguna amenaza cuando se encontraban el 10 de agosto de 2008 en el mercado de San Lorenzo de Getxo y tampoco la acusación aportó ninguna prueba que lo ratificara.
Sin embargo, el tribunal especial asegura que ha quedado probado que el vecino de Algorta increpó a Arrúe con la expresión «antes de cinco años te vamos a matar».
Según dice en la sentencia, Goikoetxea realizó las manifestaciones atribuidas por la concejal del PP «con el ánimo de atemorizar a Arrúe en su calidad de miembro del Partido Popular y de concejal del Ayuntamiento de Getxo, contribuyendo así a los fines de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública».
La Audiencia Nacional destaca que «se trata de una verdadera amenaza», aunque afirma que «no se ha probado que el acusado pertenezca a la organización terrorista ETA o a alguna de sus filiales ni que al tiempo de la ejecución de los hechos actuase al servicio de estos».
A pesar de la sentencia condenatoria, Arrúe consideró «insuficiente» la pena y anunció que recurrirá porque cree que Goikoetxea debería ser condenado a seis años de cárcel por «atentado».
Precedente «peligroso»
El movimiento pro-amnistía valoró con preocupación la sentencia y alertó de que puede suponer un «precedente muy peligroso» ya que «la palabra de miembros de partidos políticos españoles puede ser suficiente, sin ninguna otra prueba más, para detener y encarcelar a cualquier ciudadano».
En cuanto a la pena de destierro impuesta, denunciaron que es un «tremendo escándalo» y lo enmarcaron dentro de las medidas que pretenden adoptar contra los ex presos políticos.
En este sentido, cabe destacar que la denuncia de la concejal de Getxo coincidió en el tiempo con la intención del PP de pactar con el PSOE una nueva reforma legal destinada a perseguir a los presos después de recuperar su libertad. Además, en un principio dijo que la habían llamado «torturadora», pero dos días después mencionó que había sido «víctima de amenazas» señalando a Goikoetxea como autor. A finales de agosto fue citado en la Audiencia Nacional y enviado a prisión.
Las abogadas de Torturaren Aurkako Taldea (TAT), Ane Ituiño y Lorea Bilbao comparecieron ayer en Bilbo para denunciar que tanto el juez de la Audiencia Nacional como la Ertzaintza han aplicado la incomunicación a los últimos detenidos en distintas operaciones. Según recordaron, la Policía autonómica mantuvo incomunicados a los jóvenes gasteiztarras Jokin Zerain y Ander Arrue cuando fueron arrestados el 2 de junio y Marlaska ha actuado de la misma forma en la última redada contra presos políticos vascos, allegados y abogados.
Las letradas señalaron que aunque tras estas detenciones no se han denunciado graves torturas como la bolsa, violaciones o electrodos, se han producido presiones y amenazas, y que los interrogatorios han sido ilegales al no asistir un abogado. Asimismo, denunciaron que los presos políticos han estado «desaparecidos» durante cuatro días.
Por todo ello, exigieron que se derogue la incomunicación y los detenidos sean trasladados inmediatamente ante los tribunales. Reclamaron también que sean grabadas las estancias en comisaría, que se permita la asistencia de los abogados y los médicos de confianza y que se informe a los familiares sobre el paradero exacto de los arrestados.M.A.
Los presos políticos Juan Carlos Arruti y Josu Ziganda continúan con la huelga de hambre emprendida en Puerto I en denuncia de la agresión sufrida por Kepa Urra. A pesar de haber sido trasladados a las cárceles de Córdoba y Almería el fin de semana, Arruti y Ziganda siguen realizando el ayuno.
Asimismo, las Juntas Generales de Bizkaia rechazaron ayer una proposición para ayudar económicamente a los familiares de los presos.
Por otro lado, el miércoles 45 vecinos se movilizaron en el barrio donostiarra de Gros y 59 en Atarrabia. Ayer, en defensa de los derechos de los presos fueron 57 en Iturrama y 27 en Alde Zaharra de Iruñea. GARA
