Todos los expertos opinan que una de las recetas para salir de la crisis económica es la innovación. Parecería que los dirigentes del PSOE y mandatarios del Gobierno español han decidido aplicar esta receta no en el plano económico, sino en el terreno del conflicto político vasco. La sucesión de nuevas medidas represivas dejan obsoletas a las anteriores, de por sí totalmente ajenas a un sistema político mínimamente democrático y que garantice las libertades y los derechos básicos. La cadena perpetua encubierta, la doctrina Parot, las detenciones irregulares, la vigilancia posterior al cumplimiento de la pena... son parte de esta dinámica.

El castigo añadido aplicado en el caso de Zigor Goikoetxea, que además de una pena de dos años de cárcel, una multa de 6.000 euros y una orden de alejamiento, ha sido condenado a no vivir en su pueblo, Getxo. Se cumplen así los deseos de la concejala del PP de esa localidad, Marisa Arrúe, pero se reafirma también la doctrina de que la innovación en el terreno represivo y en el caso vasco no tiene límites. No es precisamente ésa la manera de salir de la crisis política que, de manera estructural, acarrea el sistema político español tras la transición. Ni la negación del conflicto ni las medidas destinadas al castigo y la venganza van a propiciar un nuevo escenario político.