La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tenía previsto proponer al actual presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, para otro mandato de cinco años al frente del Ejecutivo comunitario, aprobar las garantías jurídicas reclamadas por Irlanda para la celebración de un segundo referendo sobre el Tratado de Lisboa y lograr un acuerdo sobre la reforma del sistema de supervisión financiera. Las exigencias de Dublín sobre la fórmula jurídica que deben adoptar esas garantías impidió, incluso, que la cuestión comenzara a debatirse, aplazándose la discusión hasta hoy.

En el transcurso de la cena de los líderes comunitarios estaba previsto que éstos dieran su aval político a la designación de José Manuel Durao Barroso como presidente de la Comisión Europea para otro mandato de cinco años, a la espera de lo que suceda en el Parlamento. Antes, el político portugués presentó un esbozo de su programa -que ya había transmitido a los mandatarios de la UE por carta-, contentando así a Sarkozy y Merkel. Entre sus prioridades, se repiten varias de las recogidas en la hoja de ruta trazada por el Estado francés y Alemania, particularmente en relación a la regulación financiera.

Su programa cita también la defensa de una Europa que «rechaza toda forma de proteccionismo» y su determinación de «proteger y promover los intereses europeos». Además, dice creer en Europa como «proyecto político edificado sobre la base de una fuerte colaboración entre los estados miembro y las instituciones europeas» y asegura querer una «Europa de la responsabilidad y de la acción».

En otro gesto hacia París menciona entre sus prioridades «la promoción del desarrollo del sector agrícola», que conllevaría delicadas negociaciones sobre el futuro presupuesto comunitario y el de la Política Agrícola Común (PAC), que París defiende frente a la voluntad de reducirlo de Londres y de los países del norte de Europa.

Los líderes europeos tenían previsto expresar su «apoyo político» a la continuidad de Barroso, pero sin tomar la decisión jurídica correspondiente, con lo que se pretende ganar tiempo para mantener contactos informales con el nuevo Parlamento Europeo. Si la Presidencia constata que hay una mayoría simple en la Eurocámara, se aprobaría la decisión jurídica que lo nombra por procedimiento escrito, sin necesidad de una nueva cumbre, y se sometería a ratificación del pleno el 15 de julio.

Barroso, que no tiene candidato rival declarado y no duda de su reelección tras la victoria de la derecha en las últimas elecciones, está lejos de contar con la aprobación de todos los europarlamentarios, ya que, por el momento, sólo cuenta con el respaldo claro del Partido Popular Europeo, que no alcanza la mayoría necesaria ni aliándose con los liberales.

El presidente de la Comisión Europea ha sido muy criticado por su reacción tardía frente a la crisis financiera y por demasiada docilidad con respecto a los pesos pesados de la UE.

La mayoría de los dirigentes europeos quieren una decisión rápida de los eurodiputados, pero socialdemócratas, ecologistas y algunos liberales prefieren esperar el resultado del nuevo referéndum en Irlanda, previsto para otoño. En ese tiempo, los Verdes pretenden presentar otro candidato.

Protocolo adjunto

Durante la primera sesión de la cumbre se preveía también la aprobación de las garantías pactadas con el resto de estados miembro y que Irlanda reclama para convocar una segunda consulta sobre el Tratado de Irlanda, después de que los electores votaran «no» en junio de 2008 y bloquearan su ratificación. Pero los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete ni siquiera llegaron a discutir este punto, después de que Dublín endureciera sus exigencias.

El Ejecutivo irlandés quiere que se deje claro que, tras la entrada en vigor del Tratado, se respetará su neutralidad militar, los temas de fiscalidad seguirán sometidos a la regla de unanimi- dad y la UE no abordará la cuestión del aborto. Además, pide que no se reduzca el tamaño de la Comisión Europea, como preveía el texto, sino que siga habiendo un comisario por país.

Hay prácticamente acuerdo sobre el contenido de las garantías, pero persisten las discrepancias sobre la forma jurídica que deben adoptar éstas. Dublín reclama que se recojan en un protocolo, lo que obligaría a una nueva ratificación por parte de todos los estados miembro. Pero la mayoría de gobiernos, encabezados por Gran Bretaña, Polonia y Países Bajos, no quiere pasar por nuevas ratificaciones ni reabrir un debate arriesgado sobre ese documento, por lo que propondrá que las garantías aparezcan, tal y como se hizo con Dinamarca cuando rechazó el Trata- do de Maastricht en 2002, en una decisión del Consejo Europeo, que es jurídicamente vinculante y no requiere ratificación, pero que tiene un estatus legal inferior al protocolo.

En Gran Bretaña, el debilitamiento de Gordon Brown favorece a los euroescépticos, que podrían poner en cuestión la ratificación del texto. En la República Checa, su muy euroescéptico presidente, Vaclav Klaus, podría retrasar aún más su firma, necesaria para concluir la ratificación del Tratado en su país. Klaus afirmó el miércoles que las garantías que pide Irlanda justificarían que se vuelva a someter el Tratado al voto del Parlamento checo.

El primer ministro irlandés, Brian Cowen, envió una carta al resto de líderes europeos en la que insiste en que esas garantías jurídicas no sean meras promesas jurídicas sino que se incluyan en un protocolo adjunto a los tratados. «Es necesario si quiero convocar y ganar un segundo referendo», afirma.

Su ratificación se llevaría a cabo junto con el Tratado de Adhesión de Croacia en 2010 ó 2011, pero incluso si se aprovecha esa oportunidad para ratificar el protocolo irlandés, se corre el riesgo de reabrir polémicas y divisiones en muchos estados.

La petición irlandesa provocó una serie de consultas bilaterales de última hora, que la Presidencia de turno checa celebró con varios mandatarios, pero finalmente se aplazó el debate a la vista del bloqueo de la situación y de la firmeza de la posición irlandesa.

Regulación financiera

Durante la jornada de ayer sí se logró un preacuerdo sobre la reforma de la supervisión del sector financiero, respecto a la que Gran Bretaña se había mostrado muy reticente -junto a Eslovenia, Eslovaquia y Rumanía- debido a su temor de perder el control sobre la City de Londres, el principal centro financiero de Europa y uno de los más importantes del mundo.

El primer ministro británico, Gordon Brown, había expresado ayer su apoyo a la reforma del sistema comunitario de supervisión financiera, pero recalcó que no aceptará ceder a autoridades supranacionales la potestad de decidir sobre las responsabilidades presupuestarias en caso de problemas en una entidad.

Fuentes cercanas a la negociación señalaron que Sarkozy, Merkel y Brown alcanzaron un acuerdo, cuyo contenido será dado a conocer hoy.

Por otro lado, los líderes europeos pactaron aplazar hasta octubre la decisión sobre cuánto dinero darán a los países en desarrollo para luchar contra el cambio climático y cómo se repartirá la carga entre los estados miembro. El problema de la financiación es uno de los escollos fundamentales en el camino para alcanzar un acuerdo internacional en la conferencia que se celebrará en diciembre en Dinamarca.