Más de dos meses después de que los indígenas se pusieran en pie de guerra para exigir la retirada de las leyes que regulan el uso y explotación de los recursos hídricos y naturales de la selva y de que una treintena murieran y 85 desaparecieran en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, en los que también fallecieron una veintena de agentes, el Congreso de Perú derogó ayer los dos decretos que las comunidades indígenas consideraban lesivos a sus derechos.

Horas antes, el presidente peruano reconoció que cometió un error al no consultar a las comunidades indígenas la aprobación de la Ley Forestal y pidió al Parlamento su derogación. «Es mejor una rectificación valerosa que una obstinación», manifestó en un mensaje televisado.

«Si todos queremos contribuir a que el país se pacifique, que haya un diálogo claro y sincero, evidentemente hay que ir a la derogación de esos decretos», reiteró. Pese a ello, defendió la idoneidad de los recursos, cuyo «objetivo era proteger a la Amazonía. La tala ilegal y el contrabando de la madera, la siembra ilegal de la coca y la minería ilegal han destruido más de diez millones de hectáreas. Queríamos poner orden, una exigencia también de los sectores progresistas y ecologistas de EEUU para la firma del Tratado de Libre Comercio», alegó.

«Yo sé que crecer trae tensiones, aprendo que querer modernizar muy rápidamente trae conflictos, no tengamos temor de eso si el país avanza, pero evitemos la muerte y el dolor que son irremediables y si ocurrieron, rectifiquemos, reconciliemos y recomencemos», dijo.

Esta rectificación llegó tras el aluvión de críticas, tanto internas como externas, por la muerte y desaparición de indígenas y la gestión de la crisis. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas y movimientos de derechos humanos le han acusado de «genocidio». Incluso, el Relator de la ONU para los Derechos Humanos ha anunciado una investigación sobre lo ocurrido durante y tras el desalojo por la vía de la fuerza de los indígenas que mantenían bloqueada una carretera en Bagua.

Las protestas indígenas comenzaron el 9 de abril con la ocupación de instalaciones petroleras y bloqueo de ríos y carreteras. El lunes, representantes indígenas y el Gobierno alcanzaron un principio que prevé la derogación de los decretos 1.090 y 1.064, y el desbloqueo de la carretera.

Tras la decisión del Parlamento, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), realizó un llamamiento a sus bases para que levantaran las medidas de fuerza y anunció que el lunes estarán presentes en las conversaciones con las autoridades para la revisión de la legislación vinculada a la Amazonía. Además, pidió que se levante la sanción a los siete diputados nacionalistas suspendidos por tomar el hemiciclo.

Pizango, en Nicaragua

Por otra parte, el líder indígena Alberto Pizango, a quien el Gobierno de Daniel Ortega otorgó el asilo político, llegó ayer a Nicaragua. «Desde aquí espero coordinar a nivel internacional la lucha para que los derechos de los pueblos sean respetados. Creo que a todos nos debe preocupar el calentamiento global, que va a perjudicar a toda la humanidad. Es por eso por lo que luchamos», remarcó.