Las voces que reclaman una reforma laboral ante el avance imparable del desempleo no cesan. De modo unánime, la patronal, el Banco de España y el Banco Central piden que el despido pase de barato a libre. Los sindicatos, por su parte, con mayor o menor énfasis, ponen el acento en que lo que ha propiciado el incremento del paro son los problemas estructurales del mercado laboral y la alta tasa de temporalidad en la contratación. La normativa laboral no ha sido causa de la crisis, por lo que hay que oponerse a que ésta se reforme a la baja y que sean las y los trabajadores quienes la paguen, algo que a ojos vista está pasando. Lo que toca es reformar la política fiscal, de modo que el capital y las y los profesionales libres aporten lo que les toca, lo que está lejos de las propuestas de los Gobiernos.

En esta línea, 700 personas expertas en el mundo laboral han presentado un manifiesto, planteando que las medidas que se adopten para revertir la grave situación del empleo no arranquen por el mundo del trabajo. Sus alternativas son: frenar la restricción del crédito, extender la protección a las y los parados y dar los pasos necesarios para un nuevo modelo productivo, que no demande trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado. El Manifiesto, aunque muy interesante, no menciona la diferente posición de hombres y mujeres en el mercado laboral, base de la discriminación de estas últimas. Se dirá que no es el tema, pero esa ausencia es uno de los rasgos donde se invisibilizan los problemas de las mujeres, también, en este ámbito.

Un exponente claro de esa invisibilidad es el acoso sexual. De la mirada insistente y lasciva al chiste grosero, la intimidación o el chantaje, la gradación del acoso va subiendo tonos de forma progresiva. El acoso sexual y la violencia por razón de género son, en realidad, el mismo fenómeno con distintas connotaciones, y el uno suele ser la antesala del otro. Pero no se quiere hablar de ello, y muy pocas lo denuncian por miedo a represalias; porque se produce un sentimiento de culpa y vergüenza en la propia víctima, porque no se sienten apoyadas... El acoso sexual es causa de despido disciplinario y, desde 2007, con el objetivo de socializarlo y eliminarlo, en las empresas de más de 250 trabajadoras y trabajadores es obligatorio contar con planes específicos que eviten situaciones de discriminación y acoso.

Sin embargo, son muchos los convenios colectivos que no recogen estos planes. Las mujeres que tenemos conciencia de clase y de género asistimos perplejas a unas negociaciones donde se olvida este capítulo. Ni medidas para evitar la discriminación por género ni, siquiera, las tendentes a reducir las secuelas que este tipo de agresiones continuadas dejan en las mujeres que las padecen. La administración no exige con contundencia estos planes en los convenios, y a muchos de los agentes sociales que negocian les falta información y formación en esta materia. ¡Así nos va!