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Micheletti sugiere un adelanto electoral mientras se espera a Insulza

El Gobierno instaurado por los golpistas en Honduras abrió ayer la puerta a un adelanto electoral como vía para solucionar la crisis política del país coincidiendo con la visita del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a Tegucigalpa. Organizaciones que defienden los derechos humanos han denunciado que la represión ha causado al menos 2 muertos, 37 heridos y 360 detenidos, el paradero de muchos de los cuales se desconoce.

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El presidente «de facto» de Honduras, Roberto Micheletti, declaró ayer que está «totalmente de acuerdo» con el adelanto de las elecciones generales previstas para noviembre y reconoció que ello supondría «posiblemente un arreglo político, siempre que sea por el bien de todos los hondureños». Micheletti realizó estas declaraciones mientras se esperaba la llegada al país del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

Insulza, que llegó por la noche (hora de Euskal Herria) a Tegucigalpa, no tenía intención, en principio, de reunirse con miembros del Gobierno instaurado por los golpistas, pero sí con distintos estamentos judiciales, a los que debía transmitir que a primeras horas del sábado finaliza el plazo dado por la OEA para la restitución del presidente legítimo, Manuel Zelaya.

Horas antes, el ministro de Exteriores nombrado por Micheletti, Enrique Ortez, dijo que «si Insulza viene a exigir la restitución del presidente Manuel Zelaya, mejor que no venga», porque eso «no es negociable». Subrayó que si la OEA suspende a Honduras «no pasará nada, ya lo hicieron con Cuba y no pasó nada».

Durante su comparecencia, Micheletti comentó, además, que no se opondría a un referéndum en el que los hondureños decidan la vuelta de Zelaya al poder, aunque aclaró que no lo haría en este momento «sumamente difícil» para el país.

Zelaya insistió en que volverá a su país una vez concluya el plazo dado por la OEA y pidió a los hondureños que acompañen su vuelta a Tegucigalpa, que podría producirse mañana.

Al respecto, Micheletti señaló que prefiere que Zelaya no regrese para evitar «un derramamiento de sangre» y agregó que a quienes le acompañen «les vamos a recibir con todo carino; a él también, porque es hermano, pero él tiene algunos delitos que tiene que pagar ante la justicia», por lo que será detenido.

La Fiscalía acusa a Zelaya de cuatro delitos relacionados con la consulta que pretendía llevar a cabo, y no de dieciocho como se apuntó. Tampoco es cierto que se hubiera cursado a la Interpol una petición de una «alerta roja» para su captura, tal y como se anunció. El organismo policial lo negó ayer.

También ayer, en una entrevista a varios diarios hondureños, el asesor jurídico del Ejército hondureño, coronel Hernerth Bayardo Inestroza, reconoció que se cometió «un delito» al sacar a Zelaya del país de la forma en que se realizó, pero defendió que se hizo para evitar un derramamiento de sangre. El militar negó que se hubiera producido un golpe de Estado, ya que el Ejército «actuó conforme a los estipulado por la Constitución y después de que el presidente hubiera actuado ilegalmente».

Balance represivo

Honduras sigue dividida entre quienes ven el derrocamiento de Zelaya como un complot de poderosos empresarios que concentran la mayoría de la riqueza en el empobrecido país y quienes creen que buscaba seguir los pasos de su aliado Chávez. Ayer hubo nuevas protestas, mientras grupos de la policía antimotines y tropas regulares del Ejército tienen tomadas las principales ciudades y carreteras.

El presidente del Comité de Defensa de los Derechos HUmanos de Honduras, Andrés Pavón, denunció en declaraciones a Telesur que la represión desatada tras el golpe de Estado se ha saldado ya con al menos dos muerts, 37 heridos y 360 detenidos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos HUmanos expresó su profunda preocupación por la suspensión de derechos fundamentales y de las garantías judiciales indispensables y la detención de personas, muchas de las cuales siguen en paradero desconocido y, por lo tanto, desaparecidas.

petróleo

Hugo Chávez ordenó suspender todos los acuerdos de cooperación energética suscritos con Honduras a través de Petrocaribe y anunció que no enviará más petróleo a ese país hasta la restitución de Zelaya.

EEUU mantiene la asistencia militar y económica

El Gobierno de Barack Obama cortó el domingo toda comunicación con los militares que participaron en el golpe de Estado y suspendió sus operaciones militares conjuntas, entre otras iniciativas de cooperación, pero mantiene su asistencia militar y económica, y a su embajador. En su visita a EEUU, Zelaya logró el apoyo unánime de la OEA, pero no consiguió mantener un encuentro con Obama.

Altos funcionarios de su Gabinete enfatizaron que su Gobierno participa plenamente con la comunidad interamericana para resolver la crisis , y dijeron que EEUU esperará hasta el 6 de julio para escuchar el informe del secretario general de la OEA antes de acordar otras medidas. Reconocieron que el Departamento de Estado aún está estudiando si los hechos serán definidos como golpe de Estado, lo que obligaría a la suspensión de casi toda la asistencia militar y económica.

Insistieron en que la solución pasa por el regreso de Zelaya y auguraron que «en el siglo XXI estos golpes no duran mucho», ya que ante el rechazo mundial y por la extensa interrelación económica, política y social del sistema interamericano, es difícil que un régimen aislado sobreviva.

Respecto a los esfuerzos de EEUU para detener la crisis antes del golpe, explicaron que Washington no esperaba lo sucedido, pero vio que la situación evolucionaba hacia una crisis, por lo que intentó convencer a todas las partes de buscar un camino legal y pacífico para resolver el conflicto, además de advertirles de que no apoyaría ningún acto inconstitucional.

EEUU busca comportarse sólo como un socio más de la comunidad interamericana, pero no hay otro país en el mundo con su nivel de presencia, inversión, relación militar y asistencia con Honduras.

David BROOKS «La Jornada»

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