Horas antes de ser secuestrado y deportado en avión a Costa Rica, el presidente hondureño, Manuel Zelaya, aseguraba ufano que el golpe de Estado no había triunfado por la negativa de EEUU a brindarle su apoyo.

Ya desde San José, el propio Zelaya se rascaba la oreja e instaba a EEUU a aclarar que «no está detrás» de la asonada militar.

Tras una reacción inicial un tanto ambigua, la Administración Obama se desmarcó totalmente del golpe.

Negar credibilidad alguna a este desmentido es tan iluso como pretender que EEUU desconocía los planes golpistas y que la situación le pilló por sorpresa.

La contradicción aparente entre ambas constataciones no es tal. Al margen de consideraciones sobre eventuales «zonas de sombra» en una Administración, la de Obama, que nació como fruto de una negociación con el clan de los Clinton para incluir en su seno a buena parte de su antiguo aparato, los crecientes guiños de tanto bienpensante para hallar una solución negociada a la crisis invitan a pensar que no estamos ante un golpe de Estado a la vieja usanza.

Los sectores que están detrás de la asonada aspiran, sin duda, a forzar al converso Zelaya a que vuelva a subirse al caballo oligárquico del que se cayó un buen día alineándose con el bloque soberanista latinoamericano liderado por Venezuela.

Y seguro que a Washington le atrae la idea de abortar la extensión de la Alternativa Bolivariana para las Américas a un país, Honduras, que nació como modelo acabado de república bananera y ha sido, en su historia, el baluarte de los intereses de EEUU en el subcontinente.