Micheletti se adelanta a la suspensión al decidir retirar a Honduras de la OEA
Unas horas después de que finalizaran sin éxito las gestiones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para restituir al presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, derrocado por un golpe político-militar el domingo, el Gobierno instaurado por los golpistas, que lidera Roberto Micheletti, se adelantó a su posible suspensión en esta organización y anunció la retirada de Honduras.
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Adelantándose a una posible suspensión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que esta madrugada (hora de Euskal Herria) se discute en Washington, el Gobierno «de facto« de Roberto Micheletti anunció su intención de retirarse de este foro, poco después de que su secretario general, José Miguel Insulza, concluyera sin éxito una visita a Tegucigalpa con el objetivo de revertir la situación y restituir en la Presidencia a Manuel Zelaya.
Acompañada de Micheletti, su vicecanciller, Martha Alvarado, anunció que Honduras «denuncia la Carta de la OEA de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la misma, con eficacia inmediata». La decisión implica el no reconocimiento de aplicación de las normas y de la jurisdicción de la OEA, pero, en cualquier caso, el artículo establece que la denuncia no será efectiva hasta que transcurran dos años desde su notificación.
Alvarado dijo que la decisión se debe a que «la OEA cree que en su seno ya no existe espacio para Honduras, para los estados que aman su libertad y defienden su soberanía». Afirmó que su Gobierno «repudia las pretensiones de imponerle medidas unilaterales, indignas, sin que el Gobierno legítimamente constituido sea escuchado» y subrayó que la OEA «no es un tribunal de justicia».
«Sin efecto jurídico»
Al conocer el anuncio de Tegucigalpa, Insulza aseguró que esa decisión «no tiene efecto jurídico» porque el Ejecutivo que la ha adoptado no ha sido reconocido por la comunidad internacional. De hecho, recordó que él ha hecho todas las gestiones posibles y que nunca tuvo intención de reunirse con Micheletti, porque ello hubiera supuesto un gesto de legitimación.
Tras reunirse en Honduras con representantes de la Corte Suprema, dirigentes políticos, autoridades eclesiásticas y líderes sociales manifestó que «no hay indicios de que la situación pueda cambiar», dejando claro que la suspensión de Honduras en la OEA es inminente.
Insulza hizo un llamamiento a la prudencia al constatar la inestabilidad y polarización del país e insistió en que es necesario entablar un diálogo para restablecer la institucionalidad.
Rigidez e intransigencia
El secretario general de la OEA criticó la «actitud sumamente rígida» de Micheletti y añadió que no hay «muchas alternativas si su Gobierno «simplemente sigue pensando que todo el mundo está equivocado».
Micheletti, por su parte, acusó a la OEA de interferir en su país y calificó de «intransigente» a Insulza, además de denunciar que se teje «una conspiración desde el exterior», donde, reiteró, existe «desinformación».
Como no podía ser menos, la jerarquía católica en Honduras expresó ayer su apoyo al Gobierno que asumió el poder tras el derrocamiento de Manuel Zelaya y pidió al presidente que reconsidere su regreso al país porque «podría desatar un baño de sangre». Los once obispos que integran la Conferencia Episcopal no sólo critican a la OEA y defienden que las instituciones «democráticas» siguen en vigencia, sino que agregan que cuando Zelaya fue detenido y expulsado del país por los militares «ya no se desempeñaba como presidente de la República».
Las protestas de uno y otro signo se siguen sucediendo por todo el país, las más numerosas en Tegucigalpa. Ayer, movimientos sociales y populares se concentraron en distintos puntos de la capital para confluir en una gran marcha, de más de 10.000 personas, que recorrió la ciudad antes de dirigirse al aeropuerto, cuyo acceso bloquearon, a esperar el regreso de Zelaya.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró su intención de acompañarle. «Si se atreven a meternos un balazo nos harían un favor a la revolución ciudadana», subrayó.
El ex ministro de Defensa hondureño Edmundo Orellana, que renunció a su cargo cuatro días antes del golpe por no estar de acuerdo con la consulta promovida por el presidente, aseguró que las decisiones tomadas el domingo por el Congreso tras «sacar violentamente» a Zelaya del país, violan la Constitución.
Al referirse a las decisiones que, a su juicio, son contrarias a la Constitución, cita en primer lugar la «supuesta renuncia del presidente, cuando es notorio que fue sacado violentamente de su casa y enviado contra su voluntad a Costa Rica».
Agrega que se adoptó «un decreto legislativo por el cual se destituyó al presidente, alegando supuestos hechos delictivos», los cuales, de existir, explica que deberían ser juzgados por tribunales competentes y no por el Parlamento.
Sostiene que la destitución de Zelaya se hizo sin que la Constitución le reconozca al Congreso «potestad alguna para tomar una decisión de esa naturaleza».
El ex ministro es diputado por el departamento de Francisco Morazán, pero en su carta anuncia que no acudirá al Congreso «hasta que no se rectifique y se permita la restitución» del presidente «legítimamente electo por el pueblo».
Orellana, abogado y profesor de derecho, afirma en la misiva enviada al presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, que la convocatoria de referéndum no violó la Constitución y que era «una simple amenaza», pero los actos descritos del Legislativo constituyen «la ejecución de una violación de la Carta Magna que entraña un golpe de Estado». GARA
Manuel Zelaya reiteró su intención de regresar hoy a su país, acompañado, en principio, de Rafael Correa y Cristina Fernández, entre otros. El presidente pide a su pueblo que resista pacíficamente en las calles y le acompañe en su regreso.
