La Comisión Europea permitirá que las televisiones públicas ofrezcan servicios de pago financiados por el estado siempre que éstos satisfagan las necesidades «sociales, democráticas y culturales» de la sociedad y no distorsionen desproporcionadamente la competencia y el comercio transfronterizo. Las televisiones públicas podrán también utilizar la financiación de los estados para ofrecer varios servicios en nuevas plataformas como Internet o televisión por móvil.