Una mujer enferma de cáncer por amianto recibirá una pensión de 1.667 euros al concedérsele la incapacidad absoluta. La mujer, inhaló la sustancia entre 1964 y 1968 en la desaparecida empresa Oxivol de Beasain, según informó ayer CCOO. La central sindical denunció que, tras serle diagnosticado un mesotelioma hace cuatro años, Osakidetza «eludió la responsabilidad de comunicar la sospecha de enfermedad profesional, corriendo con gastos que correspondían a la Mutua».

Angela R.A., de 64 años, trabajó en su juventud y antes de casarse, durante 1.198 días (entre los años 1964 y 1968) en la empresa Oxivol Internacional Acumuladores de Beasain, hoy desaparecida. La mujer «ignoraba el riesgo que suponía cortar y colocar el cordón de amianto antes de sellar la batería de automóviles que fabricaban en esta empresa».

El pasado mes de abril, la mujer se puso en contacto, con el responsable de Salud Laboral de CCOO Euskadi, Jesús Uzkudun, e iniciaron los trámites para el reconocimiento de la enfermedad profesional, proceso que ha culminado con la decisión por parte del INSS de concederle la incapacidad absoluta y pensión de 1.667,75 euros, en aplicación del Convenio del Metal de Gipuzkoa.

«Esta es otra pequeña victoria de las victimas del amianto, que nos sitúa ante la gravedad que supone la amplia exposición laboral al amianto que tuvo lugar décadas atrás en gran parte de la industria vasca», recalcó CCOO.

De esta manera, «se logra hacer justicia con esta mujer enferma, que al igual que otros muchos trabajadores, fueron sentenciadas a una terrible enfermedad y recortar su esperanza de vida». A su juicio, estos hechos «dejan al descubierto, el pasotismo de Osakidetza y del Oncológico de San Sebastián en este caso, al eludir sus responsabilidades de comunicar la sospecha de una indiscutible enfermedad profesional». «Esto sólo consigue obstaculizar el conseguir una justa pensión para la enferma, asumir por parte de la Sanidad pública los cuantiosos costes del tratamiento, sin ser trasladados la Mutua», añadió la central sindical.

En ese sentido, CCOO de Euskadi se preguntó «cuál es el coste que asume Osakidetza y pagamos toda la ciudadanía, por no comunicar la sospecha de enfermedad profesional?». «Resultado de esta práctica ocultadora y de fraude a la prevención se produce el superávit en las cotizaciones de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que la CEOE reclama como regalo al Gobierno central», denunció.