El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón comparecerá a mediodía de hoy en calidad de imputado ante el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, que instruye la querella interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, en el que se le acusa de un delito de prevaricación en relación a la causa que abrió para investigar las desapariciones durante la Guerra del 36 y el franquismo.

Las dos asociaciones consideran que Garzón cometió un delito de prevaricación -que consiste en dictar una resolución in- justa a sabiendas- al declararse competente para investigar las desapariciones durante y después de la contienda bélica siendo consciente de que no lo era.

El pasado 27 de mayo, el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella que Manos Limpias había presentado en enero, después de que el juez de la Audiencia nacional acordara en noviembre de 2008 remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas comunes con restos de desaparecidos que mandó abrir cuando se declaró competente para investigar este asunto.

Petición de archivo

La Fiscalía había pedido al Supremo que archivara la querella, al no apreciar en las resoluciones dictadas por Garzón los requisitos previstos para el delito de prevaricación. Para el Ministerio Público, no había evidencia de que Garzón hubiera actuado «suplantando la `ratio' y el fin de la norma por sus propias y particulares convicciones».

Garzón recurrió en mayo la decisión del Supremo y negó haber prevaricado. Según el juez, ni el fiscal ni los magistrados de Sala de la Audiencia Nacional cuestionaron esta decisión como «extravagante, absurda o esperpéntica» o como constitutiva de un delito de prevaricación.

El auto de admisión a trámite de la querella, confirmado el 17 de junio al rechazar el recurso de Garzón, señala que existen indicios de que la investigación sumarial sobre las desapariciones «se centró el delitos para los que el Juzgado reconoce carecer de competencia material, salvo por la razón de su conexión con otro delito del que se proclama competente, pero que no está vigente ni se investiga (...) y en cuyo ámbito declara extinguidas unas responsabilidades penales por razón de fallecimientos sucedidos notoriamente decenios antes de la incoación». Se refiere al hecho de que Garzón dirigiera el procedimiento contra el general Francisco Franco y otros 44 altos cargos de la dictadura para los que finalmente declaró extinguida la responsabilidad penal, pues todos habían fallecido.