La gestión de la «violencia legal» es uno de los indicadores -acaso el más importante- que cuantifican y califican la calidad democrática de un sistema político. En democracia, la actuación de las denominadas «Fuerzas de Seguridad» ha de estar definida, quizá más que la de ningún otro mecanismo del Estado, por el escrupuloso respeto a la legalidad, porque es ésta, en tanto que teórico reflejo de la voluntad del pueblo, la única que puede dotar de sentido al uso de esa «violencia» por parte de los diferentes cuerpos policiales. Claro que este principio, como todo enunciado político y por muy básico que parezca, siempre está sujeto a interpretación, y la de Rodolfo Ares pasará a los anales del disparate: «No nos enredemos en cuestiones legales». Se refiere el consejero de Interior de Patxi López, en este caso, a la actuación de la Ertzaintza a la hora de retirar fotografías de los presos políticos vascos de calles y locales en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Ares lo deja bien claro. Las cuestiones legales no van a suponer ningún obstáculo ni van a marcar límite alguno a la hora de llevar a cabo su estrategia de represión, la del «achique de espacios de impunidad», la estrella solitaria de la gestión del nuevo lehendakari, el eje sobre el que López se apoya para marcar las diferencias con el anterior Ejecutivo. «No nos enredemos en cuestiones legales». Tras pronunciar esa frase, cualquier argumentación posterior sobra. Sobra esconderse tras el Código Penal para entrar por la fuerza en txosnas y bares, retirar las fotos de los represaliados y, de paso, identificar y amenazar a diestro y siniestro. Sobra airear la «Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo» para reventar fiestas y apalear a decenas de vecinos, como ocurrió en Gernika. Sobra, incluso, la comparecencia que ayer realizó Ares ante el Parlamento de Gasteiz.

Por la boca de Ares habla la prepotencia de quien persigue el pensamiento único. La respuesta, una de ellas, la encontrará hoy en la manifestación silenciosa convocada por Etxerat en Donostia para exigir que se respeten los derechos de todos los presos vascos.