En medio de fuertes medidas de seguridad, con decenas de policías patrullando en torno al Tribunal y con un control minucioso de los asistentes autorizados a acudir a la vista, ayer arrancó el Diyarbakir, capital de Kurdistán Norte, el juicio contra siete turcos que están acusados de haber participado en la matanza de veinte kurdos en la década de los 90, cuando la actividad del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) se encontraba en su punto más álgido.

El juicio llega tras una investigación judicial a raíz del hallazgo, en marzo y abril, de restos humanos y prendas de vestir en una fosa excavada en la localidad de Silopi, restos que se cree que pertenecen a una veintena de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente por la JITEM, unidad de inteligencia de la Gendarmería de Turquía que actuaba de forma secreta y al margen de la ley contra la guerrilla kurda y que es acusada de numerosas ejecuciones extrajudiciales. Además de familiares, varios testigos secretos aportaron testimonios sobre cinco episodios ocurridos entre 1993 y 1996.

La vista se ciñe a la muerte de veinte personas, pero el abogado Tahir Elçi, representantes de una de las familias de las víctimas, señaló el pasado mes de julio que la Fiscalía estaba investigando otra veintena de ejecuciones.

Entre las siete personas que se sientan en el banquillo está el coronel Cemal Temizoz, ex comandante de la JITEM. Según el acta de acusación, Temizoz formó una milicia encargada de perseguir a sospechosos de colaborar con el PKK cuando fue comandante de la Gendarmería en Cizre, distrito de la provincia kurda de Sirnak, y de Diyarbakir, entre 1993 y 1996. Junto a él están procesados otros responsables de la estructura policial ultraderechista y varios confidentes, como el ex alcalde de de Cizre Kamil Atag, hijo de un ex miembro del PKK que se convirtió en confidente.

Se espera que este juicio comience a arrojar luz y establecer la verdad en relación a las múltiples denuncias de violaciones masiva de derechos humanos contra las fuerzas de seguridad en su lucha contra el PKK. Abogados de familiares de las víctimas creen que debería conducir a la investigación de cientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Diyarbakir, Silopi, Sirnak y Van bajo el pretexto de la «lucha contra el terrorismo».

La acusación señala que «la banda de malhechores cometió varios asesinatos y utilizó los medios y equipamientos de del Estado». La Fiscalía pide cadena perpetua sin reducción de pena contra los siete acusados.