La simpleza de pensamiento es característica de la derecha. La disfrazan, además, de sentido común. Como si lo primero que se le ocurre a una mente simple pudiera considerarse sentido. Ayer el editorialista de «Abc» embestía contra los municipios catalanes que promueven consultas sobre la voluntad independentista -o no- de la ciudadanía. Y para la acometida recurría al más simplón de los argumentos.

Aprovechaba, además, para zarandear a Rodríguez Zapatero porque «presume de los éxitos del Plan E, aunque se trata de un parche coyuntural y transitorio para aliviar las consecuencias del paro sin atender a sus causas estructurales». Hasta ahí, pasa.

Lo que le sigue es un rosario de despropósitos: «Cuando el Estado ofrece dinero, las ideologías quedan en segundo plano. Hoy informa ABC acerca de los beneficios obtenidos a cargo de los impuestos de todos los españoles por los municipios catalanes que promueven consultas independentistas como la ya celebrada en Arenys de Munt, por supuesto sin garantías jurídicas ni la más mínima seriedad democrática. Resulta que las quince localidades que han iniciado trámites para celebrar estos seudoreferendos se han llevado más de 85 millones de euros procedentes del Plan E, repartidos en 116 proyectos urbanísticos». ¿Dónde está la noticia?

Pues el escriba de «Vocento» lo tiene claro: «Mientras el estatuto establece un modelo de financiación que rompe el principio constitucional de solidaridad, los ayuntamientos separatistas ponen la mano para recibir fondos estatales, una actitud que no sólo resulta incoherente con sus proclamas de independencia, sino que supone una ofensa para muchos ciudadanos que rechazan -con toda razón- la debilidad del Ejecutivo y la doble moral de algunos políticos catalanes».

Pero deja para el final la melonada más sabrosa: «El que no quiere saber nada de España carece de legitimidad para solicitar -y obtener- dinero público que procede del esfuerzo tributario de millones de españoles. El respeto a la ley es una exigencia ineludible para todos los poderes públicos. Por tanto, el Ejecutivo tiene que buscar fórmulas adecuadas para evitar esta burla a la democracia que genera un lógico rechazo social. Al margen de los intereses del PSOE y de las maniobras de los partidos nacionalistas, es obligado impedir que los independentistas declarados consigan financiación para sus proyectos municipales a cargo del Gobierno de un Estado al que no quieren pertenecer». Pues que tampoco les cobren impuestos.