El Gobierno de Sanz parece decidido a ponerse siempre un paso por delante del más agresivo cuando de negar la identidad vasca se trata. Así, cuando el Gobierno de Patxi López había dado por cerrado el debate sobre el término Euskal Herria con la decisión de la consejera de Cultura, Isabel Celaá, de mantenerlo en los libros de textos de la CAV; cuando hasta el PP había reconocido que responde a una realidad constatada (aunque, a su entender, limitada a la expresión cultural), Sanz reabre la polémica. Así, el Departamento de Educación ha filtrado el resultado de una inspección en la que afirma haber advertido que una docena de los 42 colegios públicos de modelo D y las 15 ikastolas navarras utilizan materiales que «van en contra de la realidad navarra».

UPN y CDN dejan bien claras sus obsesiones al amenazar con retirar los libros de texto «contaminados» y abrir expedientes a diestro y siniestro a quienes utilicen el término Euskal Herria en las aulas. Algo que va en contra de la Libertad de Cátedra, uno de los derechos incluidos dentro del derecho fundamental de libertad académica, y que se entiende como «la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas». Y si de algo va sobrado Sanz en su política educativa es de doctrinas. Sólo hay que hojear los libros de texto homologados por su Gobierno para constatarlo.