Ayer se conoció la sentencia del juicio promovido por Iñaki Badiola por el que su sociedad Lighthouse reclamaba a los integrantes de los Consejos que encabezaron Fuentes, De la Peña y Larzabal los 2,2 millones que entraron en la Real en enero del 2008 para abonar menos de la mitad de los gastos que tuvo que asumir el club por su gestión a pesar de que él prometió pagarlos en caso de no ascender.

La sentencia responde a lo esperado porque todas las personas con conocimientos jurídicos y no implicadas en el proceso coincidían al no dar posibilidades de éxito a la demanda. Entendían que debía haber una actuación muy irregular o negligente para que se obligue a unos administradores a responder con su patrimonio ante los deudores de una sociedad anónima deportiva cuando además durante su gestión habían rebajado la deuda de la entidad.

Era absurdo pretender que los anteriores dirigentes abonen esa cantidad en base a una supuesta información engañosa facilitada por éstos cuando Badiola aseguró en la presentación de su candidatura en noviembre de 2007 que la situación era crítica y que si no entraba él la sociedad iba a desaparecer en ocho meses. Entró, aumentó en seis millones el déficit previsto para ese ejercicio y la Real no ha desaparecido ni han aparecido pasivos ocultos. Sólo se han cuestionado los criterios contables seguidos, algunos de ellos ya advertidos por los directivos anteriores a la hora de justificar la ampliación de capital del 2005.

La sentencia deja libres de cualquier castigo a los ex-consejeros y condena a Lighthouse al pago de las costas judiciales, altas porque al ser 16 los demandados han optado por varios gabinetes jurídicos de su confianza con la convicción de que el caso se iba a resolver a su favor y de que los honorarios de todos ellos iba a tener que abonarlos la parte demandante. De hecho, más que la sentencia en sí, esperada, lo más noticiable es lo que va a pasar a partir de ahora. Habrá que ver hasta que punto recurrirá Badiola la sentencia con el riesgo de incrementar los costes judiciales y cómo se cobran éstos. La parte demandada asumía que Badiola iba a declararse insolvente y que la forma de cobrarle será por el convenio de acreedores de la Real, en el que Lighthouse tiene reconocidos 2.340.000 euros como crédito subordinado, lo que implica que no puede votar el convenio, cobrar el 50% y ser el último en hacerlo.

En este juicio también estaba en juego el futuro de la dirección de la Real. ¿Qué persona aceptaría ser directivo si un descenso -con lo que supone en el plano económico- puede implicar que haya personas dispuestas a demandarle para que asuman con su patrimonio las consecuencias de su gestión?. Detrás de esa demanda también podía estar la fórmula de alguien para ser presidente de la Real. Basta, como hace dos años, que nadie se atreva a presentarse. Si era así, en este apartado también ha perdido el juicio.