El denominado «blindaje» del Concierto Económico es, en realidad, el intento del Parlamento de Gasteiz de que las Cortes españolas modifiquen las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial para que las normas fiscales que aprueben las Juntas Generales tengan rango de ley. Y, en consecuencia, sólo puedan ser recurridas ante el Tribunal Constitucional por el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados ó 50 senadores. Eso evitaría que cualquier gobierno autonómico o un sindicato puedan recurrir las normas fiscales, como hacen en la actualidad.

La iniciativa de esta modificación partió de las Juntas Generales de Bizkaia y el Parlamento de Gasteiz la hizo suya en la pasada legislatura por unanimidad de los presentes. La pasada semana la Cámara autonómica eligió a la terna de parlamentarios (uno del PNV, una del PSE y otro del PP) que a mediados de octubre defenderán en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la reforma legislativa. Esto garantizaría que el proyecto entrara en las Cortes, pero no cómo saldría.

El efecto de dar a las normas forales el rango de ley podría obtenerse igualmente si las aprobara el Parlamento autonómico, pero eso iría -según los promotores del «blindaje»- en contra de los derechos históricos, el espíritu foral y, sobre todo, exigiría entrar a reformar la Ley de Territorios Históricos, una verdadera caja de Pandora a la que ningún partido -y menos que nadie el PNV- quiere abrirle la tapa.

La unanimidad del Parlamento autonómico en defensa del «blindaje» contrasta con la posición que algunos de esos partidos tienen en el ámbito estatal. No cabe olvidar que el sistema del Concierto Económico nunca ha sido bien visto fuera de Euskal Herria y que son muchos los diputados del PSOE y del PP que lo consideran «un privilegio». Además, ahí están también los intereses de comunidades limítrofes que no han dejado de recurrir las normas fiscales y que a su vez presionan a sus partidos.

En esta situación, la defensa de las posiciones mayoritarias en la Cámara autonómica se quedaba exclusivamente en manos del PNV cuando llegaban a Madrid (dando por buena su metonímica denominación de «Grupo Vasco»). Así, lo que era una petición común se convertía en una «reivindicación de los nacionalistas» y, por extensión, la oposición a la misma en una cuestión de Estado. Lo reflejaba ayer la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Saénz de Santamaría cuando decía que «cada cámara puede tener su propia decisión, pero éste es un tema del conjunto de la nación. Le pido al PSOE que lo acometa con sentido de Estado».

Este esquema se ha visto alterado ahora con la llegada del PSE a Ajuria Enea de la mano del PP. Esto obliga al lehendakari y a su socio preferente a tener que adoptar un posicionamiento activo en defensa de «lo vasco» frente a las direcciones de sus respectivos partidos en Madrid. Antes podía bastar con un comunicado o incluso con el silencio, pero ahora se les pide que ejerzan su influencia. PNV y EA, por ejemplo, ya han señalado que ésta es la primera oportunidad que tiene Patxi López para «demostrar que es lehendakari y no delegado del Gobierno español en Euskadi».

El cambio de color en Lakua también debiera tener el efecto de que las ejecutivas españolas tuvieran en consideración la situación de sus delegaciones en la CAV, que, además, están llevando conjuntamente toda una «misión de Estado».

Estas contradicciones sin resolver dan lugar a órdagos como el que ayer tuvo que lanzar Antonio Basagoiti, quien al tiempo de que se mostraba «convencido» de que la dirección de su partido atenderá los «argumentos racionales» que existen para blindar el Concierto Económico, dejaba caer que, si no lo hacen, «que vengan ellos a presentarse por el País Vasco».

La cuestión es que el debate en el Congreso el próximo 13 de octubre de esta propuesta de reforma legal coincide con el proceso de negociación de los presupuestos y su aprobación es una de las condiciones que el PNV ha puesto al PSOE para sentarse a hablar. Esto ha tenido el efecto de que el PP se ponga de inmediato en contra del «blindaje» con el argumento añadido de que va a ser una bajada de pantalones del Gobierno ante los jeltzales.

Sin embargo, el Ejecutivo del PSOE está muy necesitado de apoyos para aprobar los presupuestos, y contar con los seis diputados del PNV le simplificaría mucho las negociaciones. La vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, aseguró ayer que están trabajando en el tema y confían en avanzar. Y también el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso, se mostró dispuesto a negociar.

Por otra parte, aunque ayer mismo el portavoz jeltzale en el Parlamento de Gasteiz, Joseba Egibar, insistía en que la responsabilidad de aprobar los presupuestos generales del Estado es del Gobierno español y, por tanto, él deberá moverse, tampoco cabe olvidar que el PNV está falto de apoyos para sacar adelante las cuentas de las tres diputaciones forales.

La aprobación de esta reforma tiene dos fases y ello abre la puerta a una jugada maquiavélica. La primera es la toma en consideración de la iniciativa, que sólo precisa de mayoría simple, que podría conseguirse con el apoyo del PSOE, PNV, NaBai y cualquiera que quiera sumarse. Este primer acuerdo abriría la puerta a que PSOE y PNV pudieran llegar a un pacto presupuestario para Madrid y las diputaciones.

Después, el «blindaje» del Concierto quedaría en manos de una comisión parlamentaria, que podría introducir los cambios que considere oportunos. Y luego vendría la aprobación final que necesita tres quintos de los votos y, por tanto, el apoyo del PP. Si la reforma acaba durmiéndose en el Congreso o termina siendo rechazada, las cosas quedaría como hasta ahora, pero para entonces tanto el PSOE como el PNV habrían salvado sus presupuestos.