Aizager plantea en el Tribunal el debate sobre el fichero ADN
El fiscal de Baiona solicitó ayer para Jean-Mixel Aizager una multa de 1.000 euros por haberse negado a facilitar muestras fisiológicas para establecer su ficha ADN. La defensa del baserritarra, por su parte, pidió su absolución porque como ya lo han determinado algunas sentencias de casos similares, la medida es «inadecuada, no pertinente, injustificada e inútil».
Arantxa MANTEROLA |
El Tribunal de Baiona fue ayer escenario de un proceso poco habitual por estos lares. El caso de Jean-Mixel Aizager no es el primero que se da en Ipar Euskal Herria ya que dos militantes abertzales fueron condenados a una multa el año pasado por haberse negado a proporcionar muestras para establecer su ficha genética, pero ha tenido una repercusión pública tal que se ha vuelto a poner la cuestión de las libertades individuales en la escena social y política. El propio juicio de ayer estuvo impregnado por este debate.
El baserritarra explicó al Tribunal las razones «filosóficas y de prinicipio» que le habían llevado a rechazar lo estipulado por la ley que regula el Fichero de huellas genéticas (FNAEG) donde toda persona condenada -Aizager lo fue a dos meses de cárcel por el caso del caserío Kako- debe ser incluida. Una obligación que se hace extensiva también a las personas sospechosas de haber cometido uno de los 135 delitos recogidos en la legislación francesa.
Incongruencia
La inclusión de esos delitos sin ningun criterio discriminatorio fue uno de los argumentos de la abogada Anne-Marie Mendiboure para pedir la absolución de su defendido.
Mendiboure puso de manifiesto la incongruencia de considerar del mismo modo a «una persona condenada por un asesinato o una violación y a un sindicalista que se ha visto envuelto en incidentes con la gendarmería en el marco de una acción sindical», así como la desproporción entre los hechos por los que se condenó a Aizager y el objetivo que persigue la inclusión en el FNAEG.
La letrada también echó mano de la jurisprudencia existente en otros casos similares en las que ha habido sentencias absolutorias por estimar la medida «inadecuada, no pertinente, injustificada e inútil». Entre los artículos jurídicos que citó Mendiboure, resaltó el 8º del Convenio europeo de Derechos Humanos referido al respeto a la vida privada que su defendido considera sería «transgredido ya que insertar su huella genética en el fichero supone una violación de su intimidad y de su patrimonio personal». Apeló, asimismo, a la responsabilidad de los jueces en su rol de garantes de las libertades colectivas.
Tres testigos
Previamente, pudo escucharse el testimonio del consejero general del cantón de Hazparne y miembro del comité técnico de la SAFER Beñat Intxauspe, sobre los incidentes ocurridos en torno al caso del caserío Kako que dieron lugar a la condena, entre otros, de Jean-Mixel Aizager.
El también alcalde de Hazparne incidió en que la información complementaria aportada por la delegación de los sindicalistas que fue recibida tras el choque con los gendarmes, resultó «decisiva y de gran calidad para la decisión que se tomó posteriormente sobre la instalación del joven agricultor».
El historiador Mixel Esteban, relató lo ocurrido con los ficheros creados entre los años 1935 y 1945 y su posterior utilización para detenciones y deportaciones masivas de los «subversivos» categoría en la que, sin apenas oposición de la población, fueron introducidos cada vez más sectores de la sociedad, incluso, por primera vez, sobre la base hereditaria y de elementos identificatorios físicos. Esteban alertó sobre el riesgo de la posible utilización de los ficheros ADN, aunque en la actualidad no parezcan probables.
El sindicalista marsellés de la CGT, Charles Hoareau, también juzgado y absuelto por rechazar facilitar su ADN, insistió en la desproporción entre los hechos y la conservación de los datos durante 40 años.
El fiscal, por su lado, consideró el contexto en el que se dió el delito cometido por Aizager y también su «buena fé» ya que el baserritarra aseguró no tener «intención de dañar a nadie» por lo que solicitó una «sanción equilibrada» concretada en una multa de 1.000 euros.
La sentencia se hará pública el próximo 27 de octubre.
En su larga alocución, el representante del Ministerio Público reconoció la «legitimidad» del debate planteado en relación a la ley que regula el Fichero de huellas genéticas, a saber, el riesgo de la inclusión generalizada. Sin embargo, señaló que se «trata de un debate político, que no debe llevarse a cabo en el marco de un tribunal». Declaró que es a los parlamentarios a quienes hay que «interpelar» y recordó que apenas hubo oposición cuando la ley se aprobó en 1998 aunque algo más en 2003 cuando se incluyó la larga lista de delitos e infracciones.
Dirigiéndose a Aizager, le reconoció su derecho a contestar la ley pero no a desobedecerla. A.M.
Tras la reforma de 2003, el Código Penal recoge 135 infracciones por las que se exige la ficha genética, prácticamente la mayoría de los delitos, salvo los financieros. Además, también se puede fichar a los «sospechosos» de haber delinquido.
La explanada del Tribunal de Baiona estaba ayer muy concurrida al haberse concentrado en la misma decenas de personas que acudieron al llamamiento efectuado por el colectivo Oldartu a quien se unieron los de ELB, AB y Batasuna entre otros.
Allí se dieron cita, asimismo, numerosos baserritarras que habían acudido para mostrar su apoyo a Aizager. Entre ellos, se encontraban los que habían sido condenados junto a él en el caso Kako. También podía verse a representantes de la CFDT, EHNE, Hemen y NPA.
Durante las últimas semanas se ha desarrollado una campaña de solidaridad para con el ganadero insumiso en base, sobre todo, a una declaración que apela a «no facilitar el ADN para poder conservar la libertad individual». El blog creado a tal efecto, ha recogido cerca de 2.500 firmas. A.M.
