La Diputación de Araba dará un plazo de quince días al Ministerio de Hacienda para que haga efectivo el pago de los 450 millones de la devolución del IVA de los coches importados y en caso de que no lo haga, emprenderá acciones judiciales ante el Tribunal Supremo.

Así lo anunció ayer el diputado de Hacienda, José Luis Cimiano, quien afirmó que aunque el Gobierno español haya recurrido ante el Supremo la resolución de la Junta Arbitral que le obliga a devolver a Araba esta cantidad, está obligado a pagar.

La Junta Arbitral ha emitido una resolución en la que obliga al Ejecutivo de Madrid a devolver a Araba 450 millones por operaciones de IVA que realizó la empresa Rover correspondientes a los ejercicios fiscales de 1990 a 2005. Cimiano indicó que no le preocupa el recurso «porque tenemos la razón» y recordó que las resoluciones de la Junta Arbitral son ejecutivas, lo que conlleva que el Gobierno debe pagar los 450 millones a la hacienda alavesa, en tanto se resuelve el caso en el Supremo.

Cimiano también advirtió de que si además del recurso, el Gobierno pide al Supremo la suspensión del pago, la Diputación alavesa no sólo emprenderá acciones judiciales sino que le reclamará los intereses de demora de los últimos 14 años, lo que elevaría la cantidad a devolver a 750 millones de euros.

Cimiano explicó que la Diputación alavesa está a la espera de recibir la notificación oficial del recurso del Gobierno español, del que se han enterado por los medios de comunicación, y de saber si solicita la paralización del pago. El diputado de Hacienda consideró que la forma de actuar del Ejecutivo en el caso Rover «no ha sido muy leal» y aseguró que la Diputación ha ofrecido al Gobierno su disposición a estudiar fórmulas de pago que le faciliten el desembolso de los 450 millones.

Maniobra dilatoria

Cimiano recordó que no existen antecedentes de que una institución haya paralizado un pago ordenado por la Junta Arbitral y confió en que aunque el Gobierno lo pida, el Supremo no acepte la petición.

Opinó que la petición de paralización del pago sería una maniobra dilatoria por parte del Ejecutivo y agradeció al Gobierno de Lakua su disposición a personarse en el caso junto con la Diputación, en el supuesto de que el Gobierno no pague.

Estimó que pese a este conflicto, la Junta Arbitral sigue siendo un órgano válido para resolver conflictos entre instituciones y dijo que le preocupa que se cuestione a este órgano.