La cúpula militar coloca en una situación comprometida a Obama
La difusión de las opiniones de la cúpula militar estadounidense favorables a un envío masivo de tropas a Afganistán ha colocado en un brete a Barack Obama, partidario de analizar la situación antes de tomar cualquier decisión. Analistas consideran que los militares quieren asegurar su posición ante un eventual fracaso, después de la experiencia de haber cedido a los deseos de George Bush, que impuso una misión limitada en Irak, lo que desembocó en un desastre.
GARA
Al expresar públicamente su opinión sobre el conflicto afgano, los responsables militares estadounidenses han puesto en un compromiso a su propio comandante en jefe, Barack Obama, en un momento en el que el presidente debe anunciar su nueva estrategia para un país dominado por la insurrección.
Obama ha rechazado aceptar inmediatamente la demanda de sus generales de enviar tropas masivamente, insistiendo en la necesidad de revisar en detalle la estrategia que se aplica en Afganistán antes de tomar cualquier decisión.
Pero mientras un consejo de guerra tiene lugar a puerta cerrada en la Casa Blanca desde hace varios días, los más altos responsables militares han hecho saber alto y claro que sin presencia masiva de tropas sobre el terreno, la misión en Afganistán corre el riesgo de sufrir un rotundo fracaso.
«Quieren asegurarse de que todo el mundo está al corriente de lo que ellos han pedido en el caso de que todo salga mal», explicó a France Presse el ex subsecretario de Defensa Lawrence Korb.
Riesgo para el presidente
Si Obama decide cambiar de estrategia en Afganistán o rechaza la demanda de enviar más tropas, actuará en contra de los deseos de su Ejército, lo que aumenta su riesgo político.
Los comentaristas de izquierda afirman que los militares deberían guardarse sus consejos y dejar de intentar influir en el debate público. El articulista de «The New York Times» Frank Rich acusa, por ejemplo, a los generales de querer «acorralar» al presidente.
Según Korb, la cúpula militar quiere evitar una reedición de la experiencia iraquí, cuando aceptaron las exigencias de George Bush de enviar una fuerza de invasión limitada, una opción que tuvo consecuencias desastrosas.
Cuatro personas, entre ellas tres empleados de la ONU, murieron ayer cuando un kamikaze con uniforme militar hizo estallar la bomba que portaba en los locales ultraprotegidos de una agencia de la ONU en Islamabad, la capital de Pakistán.
Pakistán, aliado clave de EEUU en su «guerra contra el terrorismo», se enfrenta a una serie de atentados cometidos por los talibán vinculados a Al-Qaeda que ha provocado cerca de 2.150 muertos desde julio de 2007.
Este nuevo ataque suicida se produjo en pleno corazón de Islamabad, una capital que vive en alerta roja especialmente desde que los talibán paquistaníes prometieran vengar a su jefe, muerto por un misil estadounidense en el noroeste del país.
«Tres miembros del personal del Programa Alimentario Mundial (PAM) de la ONU han muerto, varios más han resultado heridos, entre ellos dos que se encuentran actualmente en un estado crítico», indicó en un comunicado Amir Abdulla, director ejecutivo adjunto de esta agencia de la ONU que tiene su sede en Roma.
Según Islamabad, los empleados de la ONU muertos son un iraquí y dos paquistaníes. GARA
La Comisión Electoral afgana comenzó ayer a examinar las más de 3.000 urnas sospechosas, lo que debe permitir proclamar el resultado definitivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y poner fin a varias semanas de crisis política.
Una muestra de urnas representativas del escrutinio y de los supuestos fraudes, 3.498 en total, llegadas de casi todo Afganistán, se ha sometido a una auditoría de expertos de la Comisión Electoral afgana y de la Comisión de Quejas Electorales.
Por otra parte, el que fuera número dos de la misión de la ONU en Afganistán, Peter Galbraith, acusó a su superior, Kai Eide, de haber ordenado esconder pruebas sobre el fraude electoral que el propio personal del organismo internacional consiguió recopilar el día de las elecciones, el pasado 20 de agosto, según publicó el diario «The Guardian».
«Eide nos ordenó no compartir estos datos con nadie, ni siquiera con la Comisión Electoral de Quejas. Mis colegas se preguntaron por qué se habían puesto en riesgo para recopilar esas pruebas si luego no se iban a utilizar», destaca Galbraith. GARA
