El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos y la Lucha «antiterrorista», Martin Scheinin, sumó ayer su voz a la de quienes defienden que la simple exhibición de fotografías de prisioneros vascos no puede constituir en sí misma un delito, puesto que, en su opinión, detrás hay una motivación «más humana que de incitación a la violencia», y ésta última es condición necesaria para establecer la existencia de «enaltecimiento del terrorismo». La declaración significa un nuevo y cualificado varapalo a la política de Rodolfo Ares y a su afán obsesivo por hacer desaparecer las fotografías de los presos. Pero si ni siquiera lo que dice la Ley o dicta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha conseguido frenar al consejero de Interior, no cabe albergar demasiadas esperanzas de que lo que afirme un representante de las Naciones Unidas surta efecto alguno. De hecho, Ares milita con responsabilidad en un partido, el PSOE, que pasa por alto sistemáticamente las recomendaciones del mencionado relator especial, contrarias a aplicar la incomunicación en prolongados periodos de detención, y que hace caso omiso a las reiteradas afirmaciones de que la política española de «guerra contra el terror» no ofrece las mínimas garantías jurídicas exigibles a un estado democrático.