El pasado marzo Martin Scheinin presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el informe realizado sobre el Estado español en 2008. Su trabajo fue respaldado por todos los paises salvo por el delegado de Madrid, que le acusó de no conocer la realidad y puso en duda su imparcialidad. Ayer estuvo en Leioa y habló con GARA.

¿Qué actitud mantuvo el Estado español ante su informe?

España ha cooperado conmigo a nivel diplomático. Ha mantenido reuniones conmigo, ha realizado comentarios, e incluso, hemos dialogado sobre el informe. Sin embargo, están en una posición bastante defensiva, ya que no quieren admitir que haya algo mal en su legislación. El diplomático español dijo que rechazaba todas mis recomenda- ciones. Es significativo decir ante la ONU que rechazas las recomendaciones; es una señal negativa, pese a que no paralice el proceso.

¿Por qué dice que los delitos calificados como «terrorismo» no están bien definidos en la legislación española?

En mi informe explico que no tengo ningún problema con la definición que se hace sobre el terrorismo. Sin embargo, en mi opinión la legislación española va demasiado lejos en delitos asociados, como son la «colaboración», el «enaltecimiento» o la kale borroka. Asimismo, creo que parte de la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, como por ejemplo la kale borroka, tiene que ser llevada a tribunales ordinarios.

En los últimos años muchas personas han recibido duras condenas bajo estas acusaciones. La última ha sido la sentencia emitida en junio por el Tribunal Supremo sobre el «caso 18/98». ¿Qué opinión le merecen estos macrosumarios?

Soy bastante crítico con este tipo de sumarios por la interpretación que se hace de la colaboración con ETA. En mi informe menciono el 18/98. Este caso está relacionado con recibir órdenes sobre actos terroristas, pero entiendo que la legislación se extiende y va demasiado lejos. La aplicación del delito de «colaboración» en este proceso, para mí no es totalmente convincente. En otros casos puede serlo, pero no en éste.

Reclama también la derogación de la incomunicación, ¿qué le parece el protocolo presentado por Madrid en la ONU?

Yo he recomendado la completa erradicación del régimen de incomunicación a los detenidos. Creo que hay métodos mejores para proteger una investigación criminal que cortar el contacto con el mundo exterior. Recomiendo la erradicación, pero al mismo tiempo digo que tiene que haber una grabación en video sistemática de los interrogatorios, no una grabación selectiva. Además, los detenidos tienen que ser atendidos por forenses. Recomiendo las mismas propuestas que contempla ese protocolo, pero la única solución íntegra sería la total erradicación de la incomunicación.

¿Sabe que a pesar de presentar dicha propuesta ante la ONU, en el Estado español no se aplica ese protocolo en todas las detenciones?

Ese es uno de los problemas que le veo al protocolo de Garzón. Es demasiado selectivo y no sirve para todas las investigaciones de la Audiencia Nacional ni para todos los casos.

¿Qué consecuencias puede tener que la Administración de Estados Unidos haya reconocido que torturó a detenidos?

Creo que es positivo y que EEUU aboga por erradicar el uso de la tortura y el maltrato a detenidos. No obstante, puede provocar fuertes tensiones si se reclaman responsabilidades por lo ocurrido y recibirá presiones para olvidar el pasado.

Madrid, por contra, siempre niega que se hayan producido casos de tortura...

En el informe, critico que cuando los detenidos alegan torturas no se tienen en cuenta y no se realizan investigaciones serias. Nadie sabe qué va a ocurrir en el futuro, pero está claro que tiene que haber investigaciones y reclamar responsabilidades.

¿Cree que se investigan las torturas?

Lo que yo conozco es que cuando se produce una denuncia de torturas, eso se utiliza como prueba contra esa persona alegando que forma parte del «manual de ETA», en vez de incrementar la investigación.

Su informe se hizo público en plena campaña electoral en la CAV. En él mostraba su preocupación por las ilegalizaciones, pero el Estado español prohibió dos candidaturas más pese a sus recomendaciones.

Yo recomendé una extrema precaución con la ilegalización de partidos y exclusión de listas electorales. Soy contrario a que la lucha contra el terrorismo sirva para restringir la libertad de expresión o participación electoral. Creo que es una mala decisión para construir en un futuro una sociedad sin terrorismo, porque mucha gente en el País Vasco no tiene posibilidad de elegir en las elecciones y eso supone una exclusión política. Además, lo considero extremadamente peligroso porque cortar las vías políticas puede hacer que la gente apueste por la violencia.

En cuanto a la política penitenciaria, ¿qué le parece que se incumplan derechos recogidos en la propia legislación?

No hay ninguna norma internacional que prohíba la dispersión si es por razones de seguridad. Es un tema más humanitario. En España se dispersa a los presos vascos sistemáticamente sin hacer clasificaciones por razones de seguridad, y en este caso también creo que van demasiado lejos.

¿Qué opinión tiene de la sentencia de Estrasburgo sobre Batasuna? ¿Cree que ha habido presiones españolas?

Es una sentencia dictada por siete jueces. Me gustaría ver como se pronuncian los 47 magistrados que componen la Gran Sala. Hasta que no haya una sentencia de todos los componentes del tribunal, me reservo mi opinión. En cuanto a las presiones, la Corte Europea es una institución fuerte y no creo que se deje influir por ningún país. La cuestión es conocer si esa sala representa la postura de todos los magistrados que componen el tribunal.

¿Cómo puede ser que dentro de la Unión Europea organizaciones prohibidas en el Estado español sean legales en el Estado francés?

Es así como funciona el sistema, no hay una uniformidad y las decisiones pueden ser diferentes en cada país.