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CONFERENCIA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LA UPV
«España no quiere admitir que haya algo mal en su legislación»
Martin Scheinin, Relator de la ONU para los Derechos Humanos y la Lucha Antiterrorista, pasó ayer por Leioa, donde censuró la «caza de fotos» de presos ante el número dos del Departamento de Interior de Lakua, Rafael Iturriaga. En una entrevista concedida a GARA, Scheinin denunció la actitud de Madrid frente a sus informes y alertó, entre otras cosas, de que «cerrar las vías políticas es extremadamente peligroso».
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Martin Scheinin
Relator de la ONU
En primavera de 2008 visitó Euskal Herria y el Estado español para realizar un informe sobre «la protección de derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo». En las recomendaciones presentadas ante la ONU criticó, entre otras cosas, la Ley de Partidos, la dispersión y la incomunicación. Ayer recordó en Leioa que no le han hecho mucho caso.
Manex ALTUNA | BILBO
El pasado marzo Martin Scheinin presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el informe realizado sobre el Estado español en 2008. Su trabajo fue respaldado por todos los paises salvo por el delegado de Madrid, que le acusó de no conocer la realidad y puso en duda su imparcialidad. Ayer estuvo en Leioa y habló con GARA.
¿Qué actitud mantuvo el Estado español ante su informe?
España ha cooperado conmigo a nivel diplomático. Ha mantenido reuniones conmigo, ha realizado comentarios, e incluso, hemos dialogado sobre el informe. Sin embargo, están en una posición bastante defensiva, ya que no quieren admitir que haya algo mal en su legislación. El diplomático español dijo que rechazaba todas mis recomenda- ciones. Es significativo decir ante la ONU que rechazas las recomendaciones; es una señal negativa, pese a que no paralice el proceso.
¿Por qué dice que los delitos calificados como «terrorismo» no están bien definidos en la legislación española?
En mi informe explico que no tengo ningún problema con la definición que se hace sobre el terrorismo. Sin embargo, en mi opinión la legislación española va demasiado lejos en delitos asociados, como son la «colaboración», el «enaltecimiento» o la kale borroka. Asimismo, creo que parte de la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, como por ejemplo la kale borroka, tiene que ser llevada a tribunales ordinarios.
En los últimos años muchas personas han recibido duras condenas bajo estas acusaciones. La última ha sido la sentencia emitida en junio por el Tribunal Supremo sobre el «caso 18/98». ¿Qué opinión le merecen estos macrosumarios?
Soy bastante crítico con este tipo de sumarios por la interpretación que se hace de la colaboración con ETA. En mi informe menciono el 18/98. Este caso está relacionado con recibir órdenes sobre actos terroristas, pero entiendo que la legislación se extiende y va demasiado lejos. La aplicación del delito de «colaboración» en este proceso, para mí no es totalmente convincente. En otros casos puede serlo, pero no en éste.
Reclama también la derogación de la incomunicación, ¿qué le parece el protocolo presentado por Madrid en la ONU?
Yo he recomendado la completa erradicación del régimen de incomunicación a los detenidos. Creo que hay métodos mejores para proteger una investigación criminal que cortar el contacto con el mundo exterior. Recomiendo la erradicación, pero al mismo tiempo digo que tiene que haber una grabación en video sistemática de los interrogatorios, no una grabación selectiva. Además, los detenidos tienen que ser atendidos por forenses. Recomiendo las mismas propuestas que contempla ese protocolo, pero la única solución íntegra sería la total erradicación de la incomunicación.
¿Sabe que a pesar de presentar dicha propuesta ante la ONU, en el Estado español no se aplica ese protocolo en todas las detenciones?
Ese es uno de los problemas que le veo al protocolo de Garzón. Es demasiado selectivo y no sirve para todas las investigaciones de la Audiencia Nacional ni para todos los casos.
¿Qué consecuencias puede tener que la Administración de Estados Unidos haya reconocido que torturó a detenidos?
Creo que es positivo y que EEUU aboga por erradicar el uso de la tortura y el maltrato a detenidos. No obstante, puede provocar fuertes tensiones si se reclaman responsabilidades por lo ocurrido y recibirá presiones para olvidar el pasado.
Madrid, por contra, siempre niega que se hayan producido casos de tortura...
En el informe, critico que cuando los detenidos alegan torturas no se tienen en cuenta y no se realizan investigaciones serias. Nadie sabe qué va a ocurrir en el futuro, pero está claro que tiene que haber investigaciones y reclamar responsabilidades.
¿Cree que se investigan las torturas?
Lo que yo conozco es que cuando se produce una denuncia de torturas, eso se utiliza como prueba contra esa persona alegando que forma parte del «manual de ETA», en vez de incrementar la investigación.
Su informe se hizo público en plena campaña electoral en la CAV. En él mostraba su preocupación por las ilegalizaciones, pero el Estado español prohibió dos candidaturas más pese a sus recomendaciones.
Yo recomendé una extrema precaución con la ilegalización de partidos y exclusión de listas electorales. Soy contrario a que la lucha contra el terrorismo sirva para restringir la libertad de expresión o participación electoral. Creo que es una mala decisión para construir en un futuro una sociedad sin terrorismo, porque mucha gente en el País Vasco no tiene posibilidad de elegir en las elecciones y eso supone una exclusión política. Además, lo considero extremadamente peligroso porque cortar las vías políticas puede hacer que la gente apueste por la violencia.
En cuanto a la política penitenciaria, ¿qué le parece que se incumplan derechos recogidos en la propia legislación?
No hay ninguna norma internacional que prohíba la dispersión si es por razones de seguridad. Es un tema más humanitario. En España se dispersa a los presos vascos sistemáticamente sin hacer clasificaciones por razones de seguridad, y en este caso también creo que van demasiado lejos.
¿Qué opinión tiene de la sentencia de Estrasburgo sobre Batasuna? ¿Cree que ha habido presiones españolas?
Es una sentencia dictada por siete jueces. Me gustaría ver como se pronuncian los 47 magistrados que componen la Gran Sala. Hasta que no haya una sentencia de todos los componentes del tribunal, me reservo mi opinión. En cuanto a las presiones, la Corte Europea es una institución fuerte y no creo que se deje influir por ningún país. La cuestión es conocer si esa sala representa la postura de todos los magistrados que componen el tribunal.
¿Cómo puede ser que dentro de la Unión Europea organizaciones prohibidas en el Estado español sean legales en el Estado francés?
Es así como funciona el sistema, no hay una uniformidad y las decisiones pueden ser diferentes en cada país.
Martin Scheinin ofreció ayer una conferencia bajo el título «Derechos Humanos y lucha contra el terrorismo» en el campus de la UPV en Leioa. El acto sirvió para inaugurar el curso académico de la Facultad de Derecho y contó con la asistencia de profesores universitarios, alumnos y también el viceconsejero de Interior de Lakua, Rafael Iturriaga.
En la ronda de preguntas, el catedrático de Derecho Internacional y Relator Especial de la ONU desde 2005 fue cuestionado sobre temas de actualidad y uno de los asistentes requirió su opinión sobre si las fotografías de los presos políticos vascos pueden considerarse «enaltecimiento del terrorismo». Scheinin explicó que «en un principio sí que se puede incitar a la violencia mediante un discurso visual», pero a continuación añadió que «las fotos de presos mostradas por familiares y amigos tienen un enfoque más humano». Según indicó, habría que contextualizar en cada caso si se pretende incitar a la violencia y dejó en manos de los tribunales analizar cada caso. Sin embargo, insistió en que el objetivo general de la exhibición de estas fotos es «más humano, de crear simpatía hacia el preso» y aludió a la presunción de inocencia.
El Relator de la ONU realizó estas declaraciones en presencia del segundo de a bordo del Departamento de Interior de Lakua, que ni se inmutó. Iturriaga tampoco quiso entrar a valorar la pregunta realizada por el director de «Berria», Martxelo Otamendi. El periodista asistió a la conferencia y emplazó al número dos de Ares, con una pregunta trasladada también a Scheinin, a explicar por qué cree que se mantiene la incomunicación durante cinco días a personas que se niegan a declarar en comisaría.
Otamendi hizo alusión a su detención en 2003 por la Guardia Civil junto con otros miembros de «Egunkaria». Scheinin respondió que el objetivo de la incomunicación no es sólo conseguir declaraciones de los detenidos, sino también impedir que se puedan comunicar con otras personas, recabar más pruebas y realizar registros.
En cuanto a otros temas tratados en la conferencia, este experto en Derecho Internacional abogó por la creación de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos, del que explicó ya ha redactado un borrador.
Martin Scheinin denunció también que después de los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York, los gobiernos occidentales han llevado a cabo el «peor contragolpe» contra los derechos humanos.M.A.