El Ministerio español de Defensa aseguró, tras detener a dos jóvenes acusados de pertenecer al grupo de «piratas» que mantiene secuestrado el atunero vasco «Alakrana» y su tripulación, que tenía la seguridad de que la acción militar «no afectaba negativamente a la liberación ni a las negociaciones». La respuesta no tardó en llegar: los captores de los arrantzales exigieron la liberación de los dos detenidos como condición previa a iniciar cualquier tipo de conversaciones. Y el juez Baltasar Garzón contestó a esta reclamación ordenando el ingreso en prisión de los dos arrestados y elevando una petición de cárcel para ellos que supera los 200 años.

Los 36 tripulantes del «Alakrana» cuentan ya 14 días en poder de sus secuestradores, y cada jornada que pasa crece la incertidumbre entre sus familiares y allegados. Aunque todos los actores implicados parecen coincidir públicamente en que la prioridad debe ser la liberación de los pescadores, los pasos que está dando el Gobierno español parecen encaminarse justo en la dirección contraria: el enquistamiento de la situación y el incremento de las dificultades para llegar a una solución rápida. Los portavoces de los piratas han dicho ya que el «asunto» económico está a punto de solventarse. Ahora sólo falta esperar para ver cómo se soluciona el que ha creado el Estado español.