Para Condeminas, la nueva legislación que propone el ejecutivo español «invade» competencias catalanas en ámbitos como los medios públicos y de las atribuciones del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). El decano añadió que no ofrece ninguna política de soporte a la promoción cultural y lingüística que vaya más allá del castellano y opinó que «el texto expresa una concepción centralizadora».

El de la Ley General de Comunicación Audiovisual es uno de los grandes proyectos del PSOE y ha sufrido varias modificaciones desde que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto el pasado 26 de junio. El texto que finalmente se ha aprobado esta semana incorpora algunas de las sugerencias del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y, pese a todo,continúa levantando críticas. Establece un marco jurídico básico para el sector audiovisual, a la vez que incluye algunas novedades como la prohibición de la pornografía o violencia gratuita en abierto -se establecen horarios y codificaciones para proteger a los menores-, la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisual, la posibilidad de que los operadores puedan destinar parte de lo que están obligados a invertir en cine a series de televisión y la renovación automática de licencias -se amplía hasta quince años el periodo de concesión de licencia-. Además, regula algunas de las nuevas tecnologías que ya están tomando posiciones en el mercado audiovisual como la TDT de pago, la TV en movilidad, la alta definición y la interactividad.

Un punto polémico en los últimos años en el sector es tocado por el proyecto: la exclusividad en los derechos de eventos como el fútbol. Así, el texto protege el derecho a la información de todos los ciudadanos como «derecho prioritario» y fija límites a la exclusividad en función de criterios de interés general.

Por otro lado, la ley contempla una serie de sanciones a los operadores que no cumplan las reglas del mercado audiovisual. Así, las infracciones muy graves, como la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, estarán castigadas con multas de hasta un millón de euros.