Se tratará de un Consejo Europeo de transición, pero los Veintisiete no dejarán pasar la oportunidad de presentar a sus ciudadanos los primeros efectos del Tratado de Lisboa aunque, en rigor, no deberían poder hacerlo, puesto que el presidente checo aún no lo ha firmado.

Pero la Unión Europea necesita escenificar que está saliendo de la «fase de oscuridad» y para ello, además de presionar a Vaclav Klaus, centrará la cumbre en algunas de las novedades que Lisboa le permite, aunque ninguna de ellas esté, en absoluto, concretada. Así, la presidencia sueca ya ha manifestado su deseo de que se comience a poner rostro a las nuevas incorporaciones en la Comisión Europea, de modo que el Parlamento pueda comenzar a preparar ya el «examen» del nuevo colegio de comisarios. Y, además, presentarán como la primera gran novedad el visto bueno al cuerpo diplomático de la Unión Europea, un visto bueno político, en todo caso, puesto que buena parte de los elementos y competencias que le darán mayor o menor entidad siguen en la mesa de negociación de los Veintisiete.

La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE tratará, además, de limar las asperezas y desacuerdos sobre la posición común que, se supone, la Unión Europea llevará a la Cumbre de la ONU sobre el Cambio Climático que se celebrará del 7 al 18 de diciembre en Copenhague. Lo que pudo comprobarse en el Ecofin y en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la semana pasada fue que las cuestiones de financiación de programas y objetivos siguen dividiendo a los estados miembros.

En cuanto a la crisis económica, los Veintisiete hablarán, sobre todo, de nuevos programas marco de vigilancia de la situación.

Pero estas dos cuestiones serán, probablemente, poco relevantes (aunque servirán para engordar el pliego de conclusiones de la cumbre). Y, tras el subidón en las cuestiones institucionales, los Veintisiete preferirán centrarse en un tema diferente, y ciertamente interesante: la adopción y lanzamiento de la Estrategia para la Región del Mar Báltico, estrategia que implica el desarrollo de algunas potencialidades que la Unión Europea mantenía atascadas desde hace tiempo y que analizaremos con detenimiento en los próximos días.

Cuestiones institucionales

En el titular de este análisis apuntamos que este Consejo Europeo será de transición. Y lo será por varias razones. En primer lugar, porque, como hemos apuntado, la UE no puede decir aún de forma oficial que el Tratado de Lisboa ya está aprobado y que podría, por lo tanto, entrar en vigor el 1 de enero. Falta la firma del presidente checo y aunque es inimaginable que Vaclav Klaus o el Constitucional checo puedan parar el tren de Lisboa a estas alturas, sí que están retrasando su llegada a la estación.

De ahí que este Consejo Europeo de Bruselas no pueda proclamar oficial y pomposamente el advenimiento del Tratado de Lisboa. Además, los Veintisiete necesitan más tiempo para negociar los temas más visibles que traerá el Tratado: la designación de un presidente del Consejo Europeo (que será elegido para dos años y medio) y el nombramiento del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, puesto que ha desempeñado Javier Solana (aunque sin competencias explícitas) pero que ahora se presenta como nuevo porque, se supone, le darán contenido y competencias más claras.

Pero es éste, precisamente, el problema, que los Veintisiete no se han puesto aún de acuerdo en si estos dos cargos serán puestos de aparato o algo más.

En esto sentido, incluso les viene bien el pulso que mantienen con Vaclav Klaus, porque les da unas dos semanas de margen para poder seguir negociando.

Consecuencia lógica

En estas últimas semanas se ha escrito mucho en torno, sobre todo, al puesto de presidente del Consejo Europeo, una de las innovaciones más llamativas del Tratado de Lisboa. Una novedad que, de hecho, no es sino la consecuencia lógica de una constatación: el actual sistema de presidencias rotatorias semestrales no funciona en absoluto. Esto se ha podido comprobar con meridiana claridad, por ejemplo, con la reciete presidencia checa, pero también con la francesa (demasiado centrada en el ego de Nicolas Sarkozy) e incluso con la actual presidencia sueca, que a pesar de su dinamismo no ha logrado concitar los consensos necesarios en los principales temas a debate y negociación hoy en el seno de la Unión. Uno de estos temas de los que no se habla mucho -porque las cuestiones institucionales están desviando interesadamente la atención- es la negociación presupuestaria, la próxima gran batalla entre los veintisiete estados miembros.

Los nombres

Como apuntábamos, la clave estriba en saber para qué y con qué facultades se designarán al presidente del Consejo Europeo y al jefe de la política exterior. Y en este tema hay varias cuestiones preliminares que orientarán las decisiones finales.

Recordemos, en primer lugar, que las elecciones al Parlamento Europeo las ganó la derecha, y que una plastante mayoría de estados miembros están gobernados por la derecha. Eso tiene consecuencias en la elección de los nuevos cargos. Por un lado, porque el Partido Popular Europeo y los gobiernos conservadores exigirán que el primer presidente del Consejo Europeo salga de sus filas, con lo que los posibles candidatos se reducen en buena medida, por mucho que la candidatura de Tony Blair figure en muchas quinielas. Mucho más sentido tendría, por ejemplo, que el elegido fuera el primer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker (en la imagen), que ayer casi se postuló para el cargo.

Y si aceptásemos como válida esta argumentación sobre el signo político de este primer presidente, sería lógico pensar que el puesto de jefe de la diplomacia comunitaria fuera, en contrapartida, para un socialdemócrata, y ahí sí que podrían entrar en juego, por ejemplo, las opciones del secretario de Estado británico de Exteriores, David Miliband. El político laborista está haciendo campaña a favor de Blair para el puesto de presidente, pero da la impresión de que, en realidad, se está postulando a sí mismo para el cargo de Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea.

Cumbre en dos semanas

Todo esto se dilucidará, probablemente, en otro Consejo Europeo que la presidencia sueca tendrá que convocar para mediados de noviembre. Aunque parezca precipitado, las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión pueden convocarse con una semana de antelación, y en los pasillos de Bruselas la mayoría de los funcionarios daban por seguro que el nuevo Consejo Europeo extraordinario para dar nombre y rostro a estos dos puestos tendría lugar el 12 y 13 de noviembre. Para esa fecha, Vaclav Klaus debería de haber firmado ya el Tratado de Lisboa y los Veintisiete ya habrán adelantar las negociaciones sobre el reparto de altos cargos. Al respecto, ayer se supo que la Corte Constitucional de la República Checa aplazaba su decisión sobre el recurso presentado por diecisiete senadores conservadores contra el Tratado de Lisboa (alegando que viola la Carta Magna). El veredicto definitivo se conocerá el 3 de noviembre.

Como siempre en estas negociaciones sobre altos cargos, se tratará de un intercambio de cromos, un intercambio que afectará también a los puestos claves de la Comisión Europea, cuya composición definitiva aún no se ha desatascado.

Y, en el camino, los grandes contribuyentes plantarán las semillas para poder negociar con ventaja y sin sorpresas cuestiones más fundamentales como las del presupuesto comunitario, la reforma agrícola y el futuro de la cohesión y de la ampliación. Cuestiones fundamentales y muy delicadas que levantan ampollas, especialmente entre los contribuyentes netos a la caja común

Cuerpo diplomático de la UE

Mientras revientan estas grandes negociaciones, los estados miembros venderán como un avance clave en la integración europea la decisión (recogida en el Tratado de Lisboa) de crear lo que se ha dado en llamar el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, un cuerpo diplomático que asistirá al Alto Representante en el desempeño de sus funciones y que, se supone, prestará también asistencia diplomática y consular mucho más práctica que hasta ahora a los ciudadanos que viajen fuera de la Unión.

Esta es otra de las decisiones obvias que la Unión no podía postergar durante más tiempo. Lo que ahora se presenta como un logro fundamental es, en realidad, el reflejo de un fracaso monumental durante décadas. Que los estados miembros no hayan sido capaces de unificar sus servicios consulares y diplomáticos en el mundo no es sólo consecuencia de la inexistencia de una verdadera acción o política exterior comunitaria, sino de la falta de voluntad por consensuar políticas, ceder espacios de soberanía y funcionar más al servicio de sus ciudadanos que de sus propios intereses, como ha ocurrido siempre hasta ahora.

Está por ver, en cualquier caso, que ésto vaya a solucionarse de la noche a la mañana con el anuncio a bombo y platillo de este Servicio Europeo de Acción Exterior. Entre otras cosas porque aún no han decidido cuáles serán sus competencias y ámbitos reales de actuación y decisión.

El tiempo dirá, además, si esto supone, efectivamente, un paso definitivo hacia la creación de una verdadera política exterior comunitaria.

Lo que está claro es que, de momento, han comenzado a construir la casa por el tejado. Es cierto que los años de Javier Solana con este mismo cargo que ahora se presenta como gran novedad servirán para arrancar, pero no es menos cierto que esta experiencia también ha servido para demostrar hasta dónde están dispuestos a ceder los estados en el ámbito exterior. Y estos años nos dicen que, de momento, los estados miembros no van a ceder mucho. Servirá para lo obvio; es decir, para solucionar los evidentes problemas de coordinación y coherencia entre el puesto de jefe de la diplomacia europea (bajo orden y mandato directo del Consejo, es decir, de los estados) y la Comisión Europea, que también tiene su dirección de política exterior (de hecho, el Alto Representante asumirá una de las vicepresidencias de la Comisión).

Pero la cuestión no es tener o no una especie de ministro de Exteriores, la cuestión estriba en saber si los estados van a aceptar una verdadera política exterior y de seguridad común, y de momento esto no existe.

Lo que sí tendrá este cargo es un enorme volumen de funcionarios a su servicio, pero pasará mucho tiempo antes de que los estados vayan reduciendo sus servicios diplomáticos y consulares en el exterior en beneficio del único que, en buena lógica, deberían potenciar y debería representar a sus ciudadanos en el exterior, el servicio diplomático europeo. Y pasará mucho más tiempo aún hasta que a este servicio exterior se le pueda homologar, por ejemplo, con un verdadero Departamento de Estado al estilo norteamericano.

GARA analizará en profundidad todas estas cuestiones a partir de la semana próxima, en una serie de artículos que pondrá el foco tanto sobre las novedades del Tratado de Lisboa como sobre las hipótesis de futuro que se abren ante la Unión Europea.

Estrategia para el Báltico

Una de estas hipótesis tiene que ver, y probablemente mucho, con una de las noticias que saldrán del Consejo Europeo de esta semana: el lanzamiento oficial, tras muchos meses de debate e intercambio de documentos, de la Estrategia para la Región del Mar Báltico. Se trata de una estrategia enfocada sobre todo a resolver problemas concretos de la región (desarrollo y medio ambiente especialmente) por medio de proyectos coordinados.

Pero, en realidad, es mucho más, podríamos definirlo incluso como un proyecto piloto con el cual la Unión Europea quiere calibrar el posible alcance de una estrategia mucho más amplia de las denominadas macro-regiones, entendidas en este caso como regiones que comprenden a varios estados miembros con unas características geográficas comunes. Los ribereños del mar Báltico son el primer proyecto, pero ya se habla de estrategias similares para la región del Danubio, para los Alpes o los Cárpatos.

En el caso del Báltico, la estrategia fue adoptada en junio por la Comisión Europea y, aunque no prevé fondos nuevos o adicionales a los ya existentes para los proyectos ya contemplados, sí exigirá una coordinación sin precedentes entre los ocho estados «afectados»: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Polonia, Alemania, Estonia, Lituania y Letonia.

Lo que ahora está en discusión es si estas llamadas macro-regiones podrían contar en un futuro con una línea de financiación propia y separada del presupuesto común. Y, por extensión, quién y cómo -Comisión Europea, otra estructura ya existente o un nuevo órgano- gestionaría esos fondos propios. Se trata, quizás, de una nueva perspectiva a la hora de abordar el tradicional concepto de la cohesión y de los instrumentos utilizados para el desarrollo -veremos hasta qué niveles- dentro de la fronteras de los estados miembros.

Cumbre de la ONU

Las discusiones en torno a la posición común que, en teoría, la Unión Europea debería llevar a la cumbre de la ONU sobre el cambio climático serán otro de los puntos de fricción de este Consejo Europeo. Según se supo ayer, los embajadores permanentes no han logrado acercar las diferentes posturas y todo apunta a que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión no llegarán ningún tipo de acuerdo en este punto. En la jerga comunitaria, lo que ayer se transmitía era que hay una «posibilidad real» de que de este Consejo Europeo no salga una conclusión sobre la posición euroepa en torno a la financiación del nuevo tratado sobre el clima que debería salir de la cumbre de Copenhague. Es decir, que no hay acuerdo y que cada Estado miembro sigue mirando sólo por sus intereses.