La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Sala de lo Penal de este tribunal que ordene el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi -encarcelado por enésima vez el pasado día 16- también por el sumario relativo a las herriko tabernas, en el que se encuentra a la espera de juicio. Con esta maniobra se intenta garantizar que Otegi no salga de la cárcel en la que le metió el juez Baltasar Garzón bajo la acusación de componer una nueva dirección de Batasuna o reclamar «treguas encubiertas».

La decisión fiscal supone un nuevo paso adelante contra Otegi en un momento en que la izquierda abertzale ha propuesto a sus bases una ofensiva política para avanzar hacia la solución del conflicto desde nuevos parámetros. Unos días antes de consumarse las detenciones del día 13, se anunció también la apertura de juicio oral contra Otegi, Joseba Permach y Joseba Álvarez por el acto del Velódromo de Anoeta de noviembre de 2004, un sumario que había estado paralizado varios años.

La Fiscalía hace pública la petición de ayer, además, después de que un grupo de trabajo de la ONU decretara como «arbitraria» la detención de representantes de Batasuna sólo por el hecho de serlo. La denuncia aceptada hacía referencia al arresto y encarcelamiento de Karmelo Landa, pero sus argumentos eran extrapolables para el resto de dirigentes políticos perseguidos, ya que la acusación de la Audiencia Nacional española es simplemente la de formar direcciones de un partido político o promover iniciativas políticas.

Tras esta petición del Ministerio Público, se deberá realizar una «vistilla» que determine si Otegi es retenido en prisión también por este sumario.

Quebrantamiento

El argumento técnico del fiscal es que Otegi, en libertad bajo fianza de 50.000 euros por este caso, estaba sometido a la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y a la prohibición de abandonar el territorio del Estado español por el sumario denominado 35/02. Tras el auto de prisión que firmó Garzón el pasado día 16, la Fiscalía concluye que quebrantó la última de estas medidas.

Ese auto de prisión se basaba en informes policiales que revelaban un intenso espionaje de los movimientos y las comunicaciones de Otegi o Rafa Díez Usabiaga. También han sido encarcelados por esta redada Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto.

El fiscal esgrime ahora que Arnaldo Otegi habría cruzado la frontera «al menos en dos ocasiones para, presuntamente, mantener contactos con miembros de ETA, con similar finalidad que con la que presuntamente ha realizado los hechos objeto de imputación».

Por este procedimiento 35/02, abierto por Garzón en 2002 y que ha derivado en el procesamiento de cerca de 40 personas que están pendientes de juicio, el magistrado ordenó el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 400.000 euros de Otegi en mayo de 2005. Luego, esta cantidad fue ampliada aún más, hasta 650.000 euros, en marzo de 2006. En este mes volvió a ser encarcelado, apenas unos días después del alto el fuego abierto por ETA.

Las medidas fueron «atenuadas» en octubre de 2006, cuando se redujo la fianza a 50.000 euros. El fiscal recuerda que se le mantuvo la prohibición de salir del territorio estatal.