La maquinaria represiva del Estado español circula muy rápido. Echa tanta leña a su caldera que hace difícil hasta seguirle la pista. Como mucho, y con retraso, llega el humo. Esta semana se ha producido uno de esos saltos cualitativos que chirrían a los oídos de cualquier observador extranjero y hacen que Amnistía In- ternacional denuncie que la represión en Euskal Herria no tiene parangón en Europa, y que, sin embargo, pasan desapercibidos aquí.

Con la «doctrina Parot» se inventó el doble cumplimiento de penas. Se ha ensayado también la doble condena por los mismos hechos, con el truco de intentar juzgarlos en París primero y en Madrid después. En los casos de ``Egin'' y ``Egunkaria'' nació además la prueba doble o ambivalente: un mismo documento aplicado para cerrar dos diarios. Esta semana, con la petición fiscal contra Arnaldo Otegi por el sumario de las herrikos hemos visto cómo se puede encarcelar a la misma persona no dos veces, sino también tres, por un caso que ni siquiera se ha juzgado. Y ahora, con la pionera sentencia por «pertenencia a Segi» contra ocho jóvenes de Lea-Artibai, nace otro castigo doble. Ya tienen encima 48 años por ser «terroristas», aunque no haya más «arma» que una pegatina en la pared, una camiseta en el armario o una autoinculpación forzada. Esta sentencia, a su vez, facilitará que se les condene en próximos juicios por acusaciones concretas de sabotajes. La Audiencia Nacional se lo guisa y se lo come.

Cualquier político vasco se encogería de hombros si se le pregunta por este caso. Simplemente, no está en la agenda. Y sin embargo, todos saben que es mentira que Segi sea una organización terrorista. Hay mucho por hacer. Cuando el Estado dobla su apuesta, en Euskal Herria la respuesta no debería ser nada.