India ha decidido atacar de frente a la rebelión maoísta en el país y para ello está ultimando una ofensiva armada, muy esperada por las autoridades locales pero importante motivo de preocupación para las asociaciones que temen por la seguridad de la población civil.

La operación militar, planificada por Nueva Delhi, pretende lanzar un ataque coordinado contra los bastiones rebeldes en la jungla, repartidos a lo largo de un «corredor rojo» que se extiende por varios estados del este de India. Las fuerzas de seguridad regionales integrarán la línea del frente, pero la mayor parte de la ofensiva, que incluirá la participación de miles de paramilitares, será coordinada por Nueva Delhi. El ataque se iniciaría en noviembre, según afirmaron altos responsables desde el anonimato.

El Gobierno, que considera a los maoístas como «la mayor amenaza» contra la seguridad en India, descartó la posibilidad de recurrir al Ejército, pero prometió a los estados afectados por la violencia una ayuda logística y el despliegue de guardias fronterizos de élite.

Según los observadores, la implicación de Nueva Delhi busca reactivar la acción individual de cada Estado después de años de esfuerzos infructuosos contra una insurrección que ya ha provocado al menos 600 muertos desde principios de año. Más de la mitad de los 29 estados de India se enfrentan desde 1967 a focos de rebelión maoísta. En total, 165 de los 600 departamentos del país estarían controlados por los entre 10.000 y 20.000 guerrilleros de izquierda a los que los indios llaman naxalitas o «terroristas rojos».

Los guerrilleros afirman luchar contra los grandes terratenientes y las compañías mineras y defender a los campesinos sin tierra y a las comunidades indígenas de los estados indios en los que la Administración pública es casi inexistente.

Las autoridades locales, que en varias ocasiones se han quejado de la falta de apoyo de Nueva Delhi, aplaudieron la iniciativa del Gobierno después de los últimos atentados.

Sin embargo, se han elevado algunas voces discordantes, cuestionando, sobre todo, el peligro que la ofensiva podría representar para los miles de campesinos que viven en zonas controladas por los maoístas. «Esto podría provocar un desastre desde el punto de vista humanitario y democrático», afirmó un grupo de activistas y académicos.

Asociaciones de derechos humanos también expresaron su inquietud en relación a eventuales víctimas civiles mientras otras destacaban la importancia de asociar esta ofensiva a una estrategia de desarrollo para combatir la pobreza.