La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que agrupa a pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, exigió ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la restructuración estratégica de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA) bajo la vigilancia indígena local, nacional y regional en el contexto de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Esto, debido a que los 510 megaproyectos -con financiamiento de 70 mil millones de dólares- que incluye para los 12 países sudamericanos, están teniendo impactos negativos sociales, ambientales y culturales en sus comunidades y se ejecutan violando los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas a la consulta previa para el consentimiento a decidir y controlar las prioridades de su desarrollo.

Audiencia en Washington

Una delegación de la CAOI, encabezada por su coordinador Miguel Palacín Quispe, participará en Washington en una audiencia ante la CIDH, durante la cual presentará el documento «¿Integrando negocios y desintegrando pueblos? Por la reestructuración estratégica de la IIRSA», en el que se propone, para realizar dichas labores de vigilancia, la creación de un Consejo Consultivo de Pueblos Originarios.

Este Consejo Consultivo estaría integrado por representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos ribereños, mestizos y afroamericanos de los países sudamericanos involucrados en la IIRSA y la Unasur al mismo tiempo, ya que fue en el seno de la Unasur y en su marco que se dio origen a la IIRSA y contó y sigue contando con el respaldo político del más alto nivel.

La citada restructuración estratégica de la IIRSA deberá darse sobre la base de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas sobre cada uno de los megaproyectos de esta iniciativa. En tanto se realice dicha consulta, la ejecución de los megaproyectos debe ser suspendida, afirma la Coordinadora.