Las Juntas Generales de Gipuzkoa, con el apoyo de todos los grupos junteros y la abstención del PP, aprobaron ayer una iniciativa promovida por Aralar en la que se solidarizan con los familiares y amigos de Jon Paredes Manot, Txiki, por no haber podido celebrar, el pasado 27 de setiembre, el homenaje que llevan a cabo todos los años en el aniversario de su muerte en Zarautz.

Así, mediante esta transacción, el Ejecutivo guipuzcoano insta a las instituciones a que hagan una reflexión sobre lo ocurrido, para que, en lo sucesivo, los allegados de Txiki y otras víctimas de la dictadura franquista, puedan «seguir celebrando con normalidad el homenaje, tal y como lo han podido hacer hasta ahora».

Por otro lado, las Juntas Generales reconocen el trabajo de la asociación para la memoria histórica Ahaztuak 1936-1977 en el ámbito de reparar los valores de la verdad y la justicia, y los crímenes cometidos durante el franquismo. Al final, después de la prohibición del acto del pasado 27 de setiembre, miembros de la citada asociación y los allegados de Txiki respondieron con un homenaje multitudinario que se celebró el 25 de octubre en el cementerio de Zarautz.

Un mandato judicial

El portavoz del PSE en las Juntas de Gipuzkoa, Julio Astudillo, aseguró que su partido se sumó a la iniciativa para lograr que «no se vuelvan a prohibir actos de carácter antifranquista» y porque «deja libre de toda responsabilidad a la Consejería de Interior, que lo único que hizo fue cumplir con un mandato judicial». En ese sentido, consideró una «irresponsabilidad» que algunas formaciones «intenten responsabilizar» de lo ocurrido al departamento de Ares.

Asimismo, Astudillo recriminó al PP su postura. El portavoz les recordó que su partido sí se unió a la moción aprobada en el Ayuntamiento de Zarautz que tenía por objetivo mostrar su solidaridad a los allegados de Txiki. Por su parte, el portavoz del PP, Iñigo Arcauz, respondió que su partido «siempre ha estado en contra de la pena de muerte y de los fusilados», aunque precisó que «Txiki era un asesino que fue juzgado por un asesinato en una sucursal bancaria de Barcelona».

Aunque la mayoría de los grupos junteros tildaron de positivo el acuerdo conseguido, criticaron la actuación del Departamento de Interior de Lakua el día del homenaje. La portavoz del grupo juntero de Aralar, Rebeka Ubera, se mostró «satisfecha» porque se ha podido llegar a un acuerdo y porque «de una manera, el partido socialista ha reconocido que metió la pata». De la misma forma, apuntó que el «principal responsable» de la no celebración del homenaje fue la Audiencia Nacional española, «pero a su vez, también es verdad que el Departamento de Interior podía haber actuado de otra manera».

La portavoz del PNV, Zorione Etxezarraga, dijo no entender «cómo aquellos partidos que dicen que hay que cumplir estrictamente con la ley, critiquen las iniciativas y decisiones de los jueces cuando políticamente les interesa». Así, Etxezarraga insistió en que «haber hecho algo así es indigno para continuar al frente de un cargo».

El representante de Hamaikabat, Juan Carlos Bengoa, por su parte, lamentó que la prohibición provocase que no se pudiera realizar «ese homenaje de justicia» y consideró que el tribunal y el Departamento de Interior de Lakua deberían «reparar el dolor que han causado».