Mañana y pasado se celebrará el juicio oral contra el subdirector de seguridad de la cárcel de Langraiz, Mariano Merino, que está imputado por realizar, presuntamente, proposiciones sexuales a cuatro mujeres presas, además de tocamientos no consentidos a una de ellas a cambio de obtener beneficios penitenciarios.

La plataforma social de apoyo a las mujeres presas en Langraiz, conformada por 109 asociaciones de distintos ámbitos, señaló en rueda de prensa que las acusaciones particulares, en nombre de las cuatro mujeres y la asociación Salhaketa, solicitan en total la pena de 10 años de prisión y 36 años de inhabilitación absoluta. Asimismo, también pedirán una indemnización de 3.000 euros por los daños morales ocasionados. Además, hicieron un llamamiento para concentrarse mañana, primer día del juicio, ante el Palacio de Justicia de Gasteiz a las 11.15 horas.

La causa fue archivada

Las causas de este proceso judicial se remontan al 2005, cuando en marzo una de las mujeres afectadas decidió denunciar los hechos ante los tribunales. Habría pasado un año desde que la asociación Salhaketa fue informada de que en los módulos de mujeres del centro penitenciario alavés, un funcionario concreto estaba extorsionando y chantajeando sexualmente a varias mujeres. «Obtener un permiso, un tercer grado o una visita, era más o menos fácil según se accediese, o no, a los requerimientos sexuales del carcelero en cuestión quién, además, amenazaba a quienes intentaban denunciarlo», explicó Carlos Hernández, portavoz de la plataforma social.

Tras la primera denuncia en marzo de 2005, se sumaron otras tres mujeres en los meses consiguientes. Fruto de las denuncias y una campaña social realizada en apoyo de las presas, el imputado presentó su dimisión, y, además, el director de la prisión fue sustituido. «Lo que sirvió para que este tipo de denuncias dejasen de llegar desde Langraiz»; no obstante, Hernández recordó que este tipo de abusos se siguen dando en otras cárceles del Estado español. También recordaron que en otoño de 2007 la causa fue archivada, pero que el recurso interpuesto por Salhaketa logró que el proceso judicial continuará.

En nombre de las presas afectadas por estos abusos y para todas ellas, ayer ante los medios, exigieron que «se acabe con la impunidad de la que nacen las situaciones de abuso que sufren las personas privadas de libertad, tanto en Langraiz como en las demás prisiones del Estado español».

Además, subrayaron la necesidad de la «excarcelación preventiva» para garantizar el alejamiento de sus agresores y evitar presiones para que se retracten sus denuncias. Así como el indulto «inmediato» para las mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de abusos como compensación de los daños sufridos.