La autorización del Gobierno español al Ayuntamiento de Usurbil para que impulse la celebración de una consulta popular vinculante relativa a la gestión de los residuos sólidos urbanos en la localidad guipuzcoana sorprende a la vista de casos precedentes, en que el mismo Ejecutivo activó todos los mecanismos coercitivos para impedir que se preguntara a la ciudadanía acerca de proyectos como el TAV, la central de ciclo combinado de Boroa o la permanencia de la Guardia Civil en Sakana.

En la escueta información transmitida por el Ministerio español de Política Territorial, tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 30 de octubre, se remarca que la consulta de Usurbil se ajusta a lo establecido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL), ya que es un asunto de competencia municipal y de carácter local de «relevancia para los intereses de los vecinos». La normativa deja claro que su convocatoria debe contar con la autorización del Gobierno español, estando tan sólo excluidos de ser consultados los temas relativos a la Hacienda local.

La consulta de Usurbil, asumida por la mayoría municipal y de carácter vinculante, fue impulsada inicialmente por los opositores al sistema de recogida de basuras puerta a puerta, que recopilaron firmas para que el Ayuntamiento, gobernado por la izquierda abertzale, lo promoviera.

El 17 de enero, el Pleno municipal fijó la pregunta: «¿Qué sistema de recogida quiere para Usurbil?». Además, propuso tres opciones para responder: el sistema puerta a puerta, el anterior de cuatro contenedores y la alternativa del quinto depósito para la recogida de los residuos orgánicos. El dictamen contó con los 6 votos a favor de los ediles de la izquierda abertzale, los 2 de Aralar y el del PSE, mientras EA (3) y PNV (1) se opusieron por no estar de acuerdo con las opciones. EA y PNV, al igual que la plataforma vecinal que recogió las 800 firmas para convocar el referéndum, apuestan por dos respuestas al objeto de agrupar a todos los opositores al nuevo sistema.

Quienes no tuvieron ni siquiera esa opción fueron los vecinos de Zornotza, que vieron cómo el 17 de enero de 2002 los votos de PNV, junto a la abstención de PP y PSE, sacaban adelante un acuerdo para suspender la consulta sobre la central de ciclo combinado de Boroa. Batasuna, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua abandonaron el salón de plenos para mostrar su rechazo. A falta de respaldo municipal, fue la plataforma Zornotza Bizirik, junto a Greenpeace, la que la organizó sin apoyo institucional alguno. Pocos meses después, el 14 de abril, 5.445 zornotzarras -el 43% del censo- participaron en el referéndum acerca del entonces proyecto de ESB. De ellos, 5.392 -el 98,3% de los votos emitidos- se posicionaron en contra de la central.

No ha sido la única propuesta de consulta efectuada en esta localidad vizcaina: los jeltzales tampoco cursaron en 2007 una solicitud de 2.400 zornotzarras para preguntar a la ciudadanía sobre la construcción de un parking bajo el parque Zelaieta.

Tampoco se permitió la consulta sobre el proyecto de incineradora en la bahía de Txingudi el 20 de febrero de 2005, cuando se celebró el referéndum de la Constitución Europea. Fue Txingudi Bizirik la que desconvocó la iniciativa después de que los alcaldes de Irun y Hondarribia, José Antonio Santano (PSE) y Borja Jauregi (PNV), rechazasen el recurso de reposición presentado contra la resolución que lo prohibía. La plataforma ciudadana dijo que los primeros ediles, al rechazar la consulta, demostraban «el miedo al resultado y ponen en evidencia la política de imposición y la falta de democracia que estamos sufriendo los ciudadanos y ciudadanas de Txingudi».

A quien sí se le permitió organizar una consulta fue a la Asociación de Concejos de Araba (ACO-AKE) sobre el proyecto de la central térmica de Lantaron. De los 820 vecinos que se acercaron a las urnas -un 30% del censo-, 736 se posicionaron en contra y sólo hubo 64 votos a favor, además de 14 blancos y 6 nulos. A la cita -el 23 de noviembre de 2008- estaban convocados 2.850 vecinos, de 32 de los 34 concejos. ACO-AKE asumió la organización porque el Consistorio -gobernado por el PNV- y la Diputación no lo hacían.

Con los resultados de la consulta frescos, la entonces directora de Participación Ciudadana del Ejecutivo de Lakua, Kontxi Bilbao, manifestó su deseo de que «el precedente de la consulta sobre la central térmica de Lantaron se extienda a otros temas y proyectos que atañen a la ciudadanía y sobre los que, hasta hoy, la gente no ha podido dar su opinión».

No tuvieron tanto suerte en Sakana. El Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) declaró en agosto de 2003 nulo de pleno derecho el acuerdo en favor del referéndum en el que se cuestionaba la presencia de la Guardia Civil, adoptado por el Ayuntamiento de Iturmendi, como hizo en su día con los de Etxarri Aranatz, Urdiain o Ziordia. En su momento, agentes del instituto armado español reprimieron todos los intentos de llevar adelante la consulta popular; incluso llegaron a ocupar la casa consistorial de Urdiain.

Si preguntar acerca de la presencia de la Guardia Civil o del Ejército español en Hego Euskal Herria es un tema tabú, también lo es el TAV. A pesar de que los jueces españoles las prohibieron, se llevaron adelante consultas en Anoeta, Atxondo, Arbizu, Alegia, Angiozar, Aramaio, Elorrio, Itsasonso, Urbina y los concejos de Gasteiz, que rechazaron el proyecto; lo mismo sucedió en las localidades labortanas Mugerre y Uztaritze. Para AHT Gelditu!, los resultados fueron claros en todos los casos: la ciudadanía vasca exige la paralización inmediata del proyecto de la Alta Velocidad y la apertura de un debate social en profundidad en torno al mismo, así como al modelo de transporte, ordenación del territorio y sociedad que están imponiendo desde las instituciones.