Behatokia hizo públicas ayer las conclusiones extraídas del informe del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas publicado el 19 de noviembre y que analiza al Estado español. Ayer, en una rueda de prensa en Bilbo, Edurne Iriondo, miembro de Behatokia, afirmó que con este informe se puede constatar que al Comité Contra la Tortura «le sigue preocupando la impunidad de la tortura» en el Estado español. En el informe se recomienda que todo acto de tortura se considere de «carácter grave», así como que los delitos de tortura sean imprescriptibles.

El comité de expertos también menciona que el régimen de incomunicación «vulnera las salvaguardas propias de un estado de derecho contra los malos tratos y actos de tortura», por lo tanto, Behatokia concluye que el Comité sugiere que «el Estado español no opera en este sentido como un Estado de derecho». En efecto, según afirmó Julen Arzuaga, también miembro de la organización, «la defensa de este régimen, derivado de la `gravedad del fenómeno del terrorismo', no hace sino justificar la práctica de la tortura». Así, aclaró que «esa actitud de negacionismo» de la tortura y la defensa de un régimen «que vulnera los derechos más básicos de la persona, su integridad física» es la que se viene a enfrentar con este nuevo documento.

Arzuaga hizo recordar que los diferentes informes hechos públicos por el Comité para la Prevención de la Tortura, el Relator Contra la Tortura, Theo van Boven, y su sucesor, Manfred Novak, el Comité de Derechos Humanos o, más recientemente, el Relator para la Promoción de los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin, y el último informe del Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias «han puesto sobre la mesa la cuestión que ahora subrayan de nuevo: la persistencia de la tortura y su facilitación por el régimen de incomunicación».

«Pendiente resbaladiza»

Desde Behatokia denuncian la existencia de una «pendiente resbaladiza» o «una situación de degradación continua» de los derechos más elementales. «Y las autoridades españolas nuevamente miran hacia otro lado» añadió Arzuaga.

Asimismo, haciendo referencia a los efectos que pueda causar este informe en el Gobierno español, Arzuaga se mostró seguro de que mientras se aferran a algunas decisiones «que parecen apoyar» la dinámica de restricción de derechos políticos, «harán caso omiso de estas otras denuncias y peticiones de que se adapten medidas inmediatamente».

Para el representante de Behatokia, los responsables políticos y las autoridades institucionales «preferirán hacer oídos sordos». Por lo tanto, Julen Arzuaga les retó a que vuelvan a hacerlo, pero no ante la sociedad, sino que interpelen directamente a estos organismos y les acusen da «parcialidad y desconocimiento».