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«Es mejor morir peleando que por el cianuro de las minas que operan en perú»

Recientemente se ha conocido la muerte de otros dos activistas contra las empresas mineras en Perú. GARA ha conversado con Nicanor Alvarado, que actualmente reside en Bilbo y ha conocido en su propia carne la represión del Gobierno peruano.

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Ruben PASCUAL

Lejos queda ya el año 1.990, fecha en la que Alberto Fujimori se erigió vencedor en los comicios a la presidencia de Perú derrotando al escritor Mario Vargas Llosa. «Detrás de él ganaron el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y las redes transnacionales económicas más grandes del mundo», recuerda Nicanor Alvarado (Jaén, Cajamarcas, Perú), conocido defensor del medio ambiente que actualmente ocupa el cargo de coordinador de la Vicaría del Medio Ambiente.

Con la llegada de Fujimori al poder, fueron varios los cambios que llegaron a este país latinoamericano: disolvió el Congreso, anuló algunos puntos de la Constitución y detuvo a sus rivales políticos, argumentando que todas estas medidas estaban destinadas a combatir al grupo Sendero Luminoso y a los narcotraficantes. Esta serie de medidas sirvió también para beneficiar a la clase empresarial, y particularmente a las compañías dedicadas a la explotación de los recursos mineros y petrolíferos.

Cuando Alejandro Toledo, «presidente con cara de indio, pero con cabeza de Bush», alcanzó la Presidencia del país -tras la controvertida salida de su predecesor-, se valió de las leyes aprobadas en las anteriores legislaturas para suscribir el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y «seguir construyendo el modelo neoliberal de explotación» vigente en el país.

Es en este contexto cuando se instala, en 2000, la empresa minera Majaz (subsidiaria de la multinacional Monterrico Metal, británica) y se apoderó de gran parte de la sierra de Piura (norte) y del sur de Cajamarca.

Las grandes empresas comenzaron a hacerse con grandes terrenos de comunidades y pueblos campesinos de los Andes, donde nacen varios ríos, con el consiguiente peligro de contaminación para los pobladores.

Para ayudar a hacernos una idea del volumen de estas tierras, Alvarado nos cita que desde que Alan García ganara las elecciones en 2006 se han concedido 17 millones de hectáreas en Los Andes y unos 40 millones de hectáreas pertenecientes a la Amazonía peruana a las empresas mineras y petroleras «sin importarle lo que haya por medio, ya sean pueblos, ríos, reservas naturales...».

Protestas campesinas

Ante esta situación, «nos vimos obligados -relata Alvarado- a organizarnos y emprender una lucha para la defensa de nuestra tierra y nuestro agua». De este modo, a partir del año 2003, los pueblos originarios alzaron sus voces en contra de las grandes empresas. «Donde llega una empresa minera, llega la muerte y la persecución política, llega la pobreza», se lamenta.

«Usted no verá una sola comunidad en Perú que haya conseguido desarrollarse donde opera una empresa minera», apunta.

Los tipos de protesta de los campesinos, según nos indica, son siempre pacíficos. «Ya quisieran los dueños de las empresas fueran violentas, para justificar la militarización de la zona y declarar toques de queda, con la impunidad que eso conlleva». Por ello, se organizan protestas en las áreas de extracción o en plazas públicas, se cortan carreteras de acceso a las plantas o se denuncia la situación en los pocos medios de comunicación a los que los campesinos tienen acceso debido al bloqueo informativo.

Represión y muerte

Represión y muerte. Esa ha sido la respuesta que han recibido las reivindicaciones indígenas por parte del Estado y las empresas. De hecho, la mayoría de los detenidos en las protestas son acusados de «terrorismo, secuestros...», por lo que a menudo se enfrentan a largas penas de cárcel. Otros muchos mueren en el transcurso de las protestas.

Las últimas víctimas del conflicto son Vicente Robledo Ramírez y Castulo Correa Huayama, que murieron el pasado 2 de diciembre a consecuencia de los balazos de la Policía.

Sin embargo, la matanza más cruel tuvo lugar el pasado junio en la localidad de Bagua, donde murieron una treintena de indígenas y unos veinte policías. A día de hoy, aún no se ha esclarecido lo sucedido.

Ante este desalentador panorama, Alvarado lamenta haber tenido que dejar a compañeros atrás, pero concluye con cierto nivel de resignación: «Es mejor pelear hasta morir, que un día morir contaminado por el cianuro o el mercurio».

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