El preso bilbaino Igor González Sola fue llevado a la cárcel gaditana de Puerto-III, a más de mil kilómetros de su localidad, después de ser sacado de la prisión de Granada tras el intento de suicidio ocurrido el martes. El dato ha sido difundido por Etxerat y el movimiento pro-amnistía, pero nada más se sabe sobre su situación. El miércoles, cuando se difundió este grave hecho, ni siquiera se conocía adónde había sido llevado.

Como informó GARA en su edición del jueves, Igor González intentó quitarse la vida cortándose las venas, después de que su sicóloga de confianza le hubiera visitado la víspera y advirtiera a los responsables de la cárcel de Granada de que su estado era muy delicado y debían tomarse medidas preventivas.

Ni Instituciones Penitenciarias ni representantes políticos e institucionales han hecho valoraciones al respecto. Y la noticia ha sido obviada también por la práctica totalidad de los medios de difusión, pese a existir constancia de que varios de ellos telefonearon a instancias del Gobierno el miércoles, tras hacerse público lo sucedido.

Después de realizarle las curas oportunas, el mismo martes por la tarde el preso natural de Alde Zaharra de Bilbo fue sacado de la cárcel de Granada con rumbo desconocido. El movimiento pro-amnistía informó ayer de que se ha detectado su presencia en Puerto de Santa María, donde se encontraría de paso, a la espera de ser llevado a otro destino sin precisar. El día de Nochebuena, Igor González Sola permanecía en el módulo de ingresos.

Soto, Puerto, Alcalá, Granada...

Se da la circunstancia de que este preso ha sido trasladado ya cinco veces desde que protagonizó un primer intento de suicidio, hace ahora año y medio. La situación, lógicamente, dificulta poder ofrecerle una atención médica estable.

González fue detenido el 25 de marzo de 2005 por la Policía española, acusado de pertenencia a ETA. Dos años después, se le impuso una condena de 21 años de cárcel. En total, en este tiempo ha pasado ya por siete cárceles distintas.

Primero ingresó en Soto del Real, de donde fue llevado a Burgos en octubre de 2005. Tras volver a Soto durante un tiempo, en julio de 2007 se le alejó hasta una de las cárceles más remotas: la de Puerto-I. Ahí permaneció más de un año, periodo en el que se produjo el pri- mer intento de quitarse la vida. En octubre de 2008, Igor González fue llevado a Alcalá-Meco, dos meses después pasó a Navalcarnero y otros dos meses más tarde se le volvió a mandar hasta Puerto-I.

Ahí permaneció entre febrero y junio de este año, mes en el que se le trasladó a la cárcel de Albolote, en Granada, donde se ha producido este nuevo y grave suceso.

Se interpondrá denuncia

El movimiento pro-amnistía ha confirmado que la médico del joven bilbaino interpondrá una denuncia contra los responsables facultativos de la cárcel de Granada, por «negligencia» en la atención a este preso.

La sicológica de confianza de Igor González Sola confirmó el miércoles a GARA que había alertado de su situación. El lunes, un día antes de que se cortara las venas, «decidí bajar a pesar de que no contaba con permiso para estar con él. Le vi mal, al igual que el médico de la cárcel, que entró conmigo. Le dije que sacaran de su celda todo objeto que pudiera ser cortante, que estuvieran encima de él, que lo vigilaran». No fue así.

El movimiento pro-amnistía concluye que se ha evidenciado de nuevo que la actual política carcelaria «pone en riesgo la vida de los presos de modo continuo», entre otras cosas a través de la desasistencia sanitaria. Así las cosas, anima a que la manifestación nacional convocada el 2 de enero en Bilbo pueda suponer «un jalón» hacia el respeto a los derechos de los represaliados políticos vascos.

Para Etxerat, el colectivo de los familiares, el caso de Igor González Sola revela que los presos están sometidos a una situación «extrema».

Un colectivo como Gesto por la Paz se sumó ayer a la demanda social contra la dispersión. Su representante Edorta Martínez afirmó en una carta pública con el título «Mejor cerca» que «en Gesto por la Paz no entendemos que los familiares de los presos por delitos de terrorismo tengan el castigo añadido de la no poca distancia». Censuró que «en la lejanía se agrava el desarraigo, se dificulta el contacto familiar».