Lurra y Gurelur llevan al juez y al Ararteko las ilegalidades en torno a la cantera de Zilbeti
Las asociaciones Lurra y Gurelur han interpuesto sendas denuncias ante el Juzgado y el Ararteko, respectivamente, contra las «ilegalidades» que se están cometiendo en torno a la construcción de una cantera en Zilbeti por parte de la empresa Magnesitas de Navarra.GARA |
La denuncia presentada por Lurra en el Juzgado de Instrucción de Iruñea va dirigida contra el Gobierno de Nafarroa y contra la empresa Magna. En ella se recuerda que el director del Servicio de Calidad Ambiental del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Pedro Zuazu, otorgó autorización de afecciones ambientales para el proyecto de accesos y emplazamiento de seis nuevos puntos de sondeo en el monte cercano al valle del arroyo de Urruztegi, en Zilbeti, con la condición de que, una vez finalizados, debe- rían retirar las balsas de decantación y el resto de materiales.
Además, constata que se han cortado «numerosas hayas de diferentes edades que están acumuladas a los lados de las nuevas pistas» y que en la zona hay materiales de desecho, como plásticos.
Teniendo en cuenta que han transcurrido los cinco meses de plazo máximo concedidos para esa actuación, Lurra solicita al Juzgado que proceda contra los implicados en estos hechos y «se limpien y restauren las zonas afectadas», que forman parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) de Alduide.
«Intereses económicos»
Por su parte, en la queja presentada ante el Ararteko la asociación Gurelur afirma que las «ilegalidades que el Departamento de Medio Ambiente viene realizando» en esta ZEC suponen un «claro sometimiento a los intereses económicos que pretenden destruir este emblemático espacio con la apertura de una mina de magnesita».
A juicio de Gurelur, dicho departamento «permitió una actuación ilegal y altamente destructiva» a la empresa Magna «en un espacio natural protegido por la Comunidad Europea y que contiene varios hábitats de interés prioritario».
El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de UPN «permitió una actuación ilegal y altamente destructiva» en un espacio protegido, afirma Gurelur en su queja.