Tal y como solían reivindicar los responsables políticos de la Ertzaintza en anteriores etapas, la Policía autonómica es una policía «integral», lo que viene a querer decir que es un Cuerpo de Seguridad del Estado español más entre otros. Su afán por equipararse a Guardia Civil y Policía Nacional les ha llevado a superarlos en algunos terrenos. En definitiva, la función de la Ertzaintza en tierras vascas, al igual que la del resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, consiste en labores de contrainsurgencia y represión, no en garantizar derechos y libertades. La imagen social de ese cuerpo está íntimamente ligada a cargas contra manifestaciones, a detenciones y operaciones contra la izquierda abertzale, a hostigamiento contra jóvenes y movimientos sociales... Cuando alguien hace referencia a un ertzaina poca gente piensa, incluso entre quienes la defienden, en sus operaciones antidroga o en su servicio al ciudadano en apuros, sino que recupera de su memoria imágenes de la Brigada Especial actuando contra el pueblo al que dice defender. Esto enorgullecerá a algunos, pero debería ser causa de vergüenza para quienes la han llevado hasta este lugar.

Esto es algo que, «E gótica» y globos sonda arriba o abajo, no ha cambiado con la alternancia en el Gobierno de Lakua. Atendiendo a una petición histórica del PNV que es posible que ahora critiquen por limitada, los actuales responsables de Interior de Madrid y Gasteiz, Alfredo Pérez Rubalcaba y Rodolfo Ares, acordaron ayer una mayor coordinación de la Ertzaintza con el resto de policías y su presencia en la comisaría de Hendaia.

El mismo día en el que Rubalcaba y Ares mostraban en público su sintonía, un grupo de representantes de organizaciones de derechos humanos, agentes políticos y periodistas de París se comprometían a «hacer lo que esté en su mano» para aclarar lo sucedido con el militante vasco Jon Anza, desaparecido desde hace ocho meses. La Ertzaintza podría mostrar su «integridad» haciendo lo propio. Pero, como se ha dicho, ésa no es su función.