Colectivos y sindicatos arropan a los menores fugados del centro alavés
Diferentes colectivos, sindicatos y asociaciones desmintieron ayer que los veintiséis menores no tutelados hubieran abandonado el centro de acogida alavés «por negarse a limpiar y haber agredido a un educador». «No querían volver al no estar conformes con el trato que reciben», aclararon tras haber recabado el testimo- nio de estos menores procedentes de diversos países y tutelados por la Diputación.
Zuriñe ETXEBERRIA |
El pasado 5 de enero, veintiséis menores, procedentes de diversos países, abandonaron de forma voluntaria el centro de acogida Bideberri de Gasteiz. Estos menores de edad, que están tutelados por la Diputación, acudieron entonces a diversas entidades institucionales y sociales con las que anteriormente ya mantenían contacto. En ese momento empezaron a recogerse testimonios que ayer fueron hechos públicos y que no coinciden con la versión que difundió la Diputación de Araba.
Según la propia explicación de los menores no acompañados, el motivo por el que no querían regresar al centro, y por lo que hace tiempo están descontentos con el trato que reciben, tiene que ver con presuntas situaciones reiteradas «de violaciones a sus derechos fundamentales reconocidos legalmente», manifestaron represen- tantes de varias asociaciones y sindicatos.
Los derechos vulnerados se- rían: «violaciones a su dignidad e integridad personal, castigos desproporcionados, violaciones a la libertad cultural y religiosa, a una alimentación adecuada, presiones sicológicas y sometimiento alestrés». En la rueda de prensa no se especificaron las situaciones concretas que sufren al tratarse de menores y para evitar que se puedan tomar represalias contra ellos.
«Secuestro de menores»
Cabe recordar que los menores abandonaron el centro para quedarse en la calle el día 5 de enero, en pleno temporal de frío y nieve. Durante los días que los veintiséis jóvenes se negaban a regresar al centro fueron atendidos por personas voluntarias y algunos ellos pernoctaron en la iglesia del Buen Pastor en Zaramaga, relató a GARA un educador conocedor de los hechos. Desde el mismo día que los acogieron denunciaron la situación al Ararteko y se iniciaron los contactos con algunos grupos políticos de Juntas Generales.
«Después de hablar con ellos, la mayoría deciden volver al centro», indicó el educador. Ahora, diversos colectivos continúan la lucha emprendida por estos menores desde fuera.
Así, el viernes día 8, al salir de la iglesia Buen Pastor, algunas de estas personas que atendieron a los menores se encontraron con la Ertzaintza -que mantiene abierta la investigación para esclarecer quién dio cobijo a estos jóvenes y estudia si hubo delito-. Los policías amenazaron a estas personas con un presunto delito por «secuestro de menores». En el lugar también se encontraban algunos medios de comunicación.
Certificado de tutela
Otro de los motivos por los que los menores no acompañados decidieron plantarse tiene que ver con las trabas que Diputación está poniendo para extender los certificados de tutela, alegando «falsedad documental», pese a tratarse de documentos a los legalmente tienen derecho. Este certificado resulta indispensable para poder tramitar su permiso de residencia.
Actualmente, los jóvenes que cumplen la mayoría de edad y llevan dieciséis meses de estancia se ven obligados a abandonar los centros sin el pertinente certificado de tutela, lo que les aboca a la «ilegalidad», situación que ya ha sido denunciada ante la Fiscalía.
«Se trata de evitar el efecto llamada», para que no vengan más menores procedentes de otros países, censuraron con rotundidad en la rueda de prensa.
Por su parte, los comparecientes indicaron que seguirán trabajando y utilizando todos los medios legales y sociales para defender los derechos que asisten a estos jóvenes.
Consultada por GARA, desde la Dirección de Comunicación del Departamento de Política Social y Asuntos Sociales, Belén Elguea señaló que, tal y como afirmaron en una nota de prensa el pasado 15 de diciembre, «la Diputación ha denunciado ante las autoridades judiciales la situación de jóvenes extranjeros de los que existen dudas razonables» sobre su minoría de edad. Sin embargo, Elguea apuntó que la Diputación alavesa «no está negando» el certificado de tutela a los menores no acompañados.
En cuanto a la denuncia de las vulneraciones de derechos, respondió que «se actúa siempre bajo la legalidad de los protocolos marcados».
Por otro lado, este periódico también se puso en contacto con Aitor Martínez, uno de los responsables de la empresa Izan, que a través de otra empresa, Ixuri, es la encargada de gestionar algunos de los centros de acogida, como el de Bideberri. Preguntado por la denuncia de varios colectivos en relación al trato que reciben, Martínez opinó que «estas personas llevan tiempo difamando y mintiendo para conseguir otros objetivos», sin concretar ningún dato más. Z.E.
