Sinn Féin y DUP continúan negociando la transferencia de Justicia y Policía con Londres y Dublín a pesar de la ausencia del líder unionista y primer ministro norirlandés, Peter Robinson, quien abandonó su cargo para permitir una investigación sobre las acusaciones que le involucran en el escándalo en el que se haya inmersa su esposa, Iris, que solicitó 50.000 libras [55.900 euros] a constructores e hizo tráfico de influencias para beneficiar a su amante de 19 años, Kirk McCambley.

La actual situación ha creado nuevas preocupaciones en la clase política irlandesa y británica, y ayer mismo, los primeros ministros de la República irlandesa, Brian Cowen, y Gran Bretaña, Gordon Brown, se reunieron para evaluar los cambios en la situación desde el pasado mes, cuando Brown ofreció casi mil millones de libras [1.119 millones de euros] al Ejecutivo norirlandés como presupuesto para el nuevo ministerio.

En una declaración conjunta tras su reunión, Cowen y Brown afirmaron que consideran que la transferencia de poderes sigue siendo tan «realista y factible» hoy como lo era hace un mes, y que la destrucción de armas de la organización Paramilitary UDA la pasada semana es un recordatorio «de los grandes beneficios que puede traer un proceso de paz», mientras que el ataque contra el oficial de Policía Peadar Heffron -quien permanece en situación crítica en un hospital de Belfast tras la explosión de una bomba lapa en su coche a principios de esta semana- «es un recordatorio oscuro de que aún existen aquellos cuyo objetivos es destruir todo lo que se ha conseguido».

«La mejor respuesta que se le puede dar a esta gente es completar el proceso de transferencia de Policía y Justicia, asegurando la estabilidad de las instituciones y mostrando que las instituciones políticas democráticas funcionan para todos en el norte de Irlanda», exigieron los mandatarios.

Sin embargo, a pesar de que Nelson McCausland (DUP) afirmó que las informaciones sobre las aventuras de Iris Robinson no han debilitado al DUP de cara a estas negociaciones con Sinn Féin, lo que sí es cierto es que sí lo han hecho de cara al público, y quizás esto sí influya al partido unionista de cara a una negociación de la que depende el futuro del Gabinete norirlandés, que caerá si los dos socios mayoritarios de la coalición pluripartita no logran un acuerdo. Porque en estos momentos todo apunta a que si se celebran elecciones anticipadas a la Asamblea de Belfast, el DUP podría salir perjudicado por el escándalo actual, pero también por una huida de votos al partido creado por su ex europarlamentario Jim Allister, el TUV. Si el DUP pierde terreno frente al TUV en las elecciones a la Asamblea, esto podría significar el colapso de las instituciones, ya que Allister se opone a la presencia republicana en el Ejecutivo.

Todo apunta a que la necesidad podría ser la mejor consejera en estos casos, y el acuerdo, para el que falta sólo la fecha, es inminente. El presidente de Sinn Féin, Gerry Adams, describió este momento de las negociaciones como «sensible y serio». Así lo espera Londres, que a través del secretario de Estado británico para el norte de Irlanda, Shaun Woodward, ha pedido a los unionistas que se comprometan de una vez por todas con las transferencias, que para los británicos son la penúltima pieza en este Gobierno autonómico. Sin embargo, para el republicano Gerry Kelly, los comentarios de Woodward, junto con la presión mediática, podrían ser un obstáculo al acuerdo final, que Sinn Féin quiere que se produzca lo antes posible, para así permitir que la legislación pertinente pueda ser tramitada en el Parlamento de Londres antes de las elecciones generales británicas del próximo mayo, en las que el Partido Laborista podría perder el control de la Cámara.

La transferencia del control de la Policía y la Justicia de Londres a Belfast es un tema polémico. Principalmente, los nacionalistas y republicanos saben que es necesaria una reforma radical del cuerpo policial -ligado a organizaciones paramilitares lealistas y conocido por su discriminación contra los católicos- mientras que los unionistas consideran peligroso que la Policía esté en manos de un Gobierno en el que se sientan algunos de sus críticos más fervientes.

Sinn Féin considera que la transferencia debería haber tenido lugar en mayo de 2008, tal y como se había recogido en el Acuerdo de Saint Andrews, y para facilitar ese proceso los republicanos decidieron unirse al Consejo Policial como una muestra de su apoyo al casi reformado cuerpo.

El problema es que el DUP sigue insistiendo en que para alcanzar cualquier tipo de acuerdo es necesario el apoyo de su comunidad, que, según ellos -y contrariamente a lo expresado en las encuestas, en la que la mayoría de los unionistas apoya la transferencia-, no está preparada para que el Ejecutivo de Belfast controle Justicia y Policía. «Tenemos que trabajar hasta que lo estén, y cuando ello se pueda verificar, procederemos, pero no hasta entonces», afirmaba Gregory Campbell, del DUP, el martes. Las dudas del DUP se acrecientan ante la presión que sufre por parte del TUV, que describe la transferencia de poderes a Belfast como «parte de la estrategia de unificación de Sinn Féin».

Otra de las claves del desacuerdo se centra en las marchas de las organizaciones protestantes orangistas, ya que el DUP quiere sustituir la Comisión de Marchas -que decide sobre la viabilidad y recorrido de estos desfiles-, a lo que se oponen los republicanos.

Una dificultad añadida al posible acuerdo es el hecho de que los partidos minoritarios en la Asamblea de Belfast no participan en las negociaciones y, como apunta Reg Empey, el líder del unionista UUP, necesitan ver el contenido del acuerdo entre republicanos y DUP antes de darle su apoyo. Quizás por ello, y para mantenerles informados de los avances en las negociaciones, Woodward invitó a los líderes de los partidos unionistas UUP y PUP, así como al SDLP y al Partido de la Alianza, a una reunión en Stormont.