Un número «importante» de los 54 vigilantes de seguridad privada que protegen a los pesqueros del Estado español que faenan en Somalia de los ataques de los piratas han pedido la cuenta en sus empresas y regresarán a sus lugares de origen al encontrarse con una situación que «no era la esperada». El portavoz de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco, Santiago González, explicó ayer en declaraciones a la agencia Efe que todavía desconocen la cifra exacta de vigilantes que dejan de forma voluntaria el trabajo en los pesqueros y que esperan a su vuelta para conocer con exactitud lo ocurrido.

Según argumentó González, este grupo de vigilantes, que se embarcó el pasado mes de noviembre en los pesqueros, tras el secuestro del atunero de Bermeo «Alakrana» en el océano Índico, se ha enfrentado a problemas económicos, de armamento y, «en algún caso -añadió-, de convivencia entre ellos, aunque no con los marineros».

El problema económico no consistiría, según indicó, en un incumplimiento de las condiciones pactadas, sino en que el plus que acordaron -4.000 euros brutos- correspondía a un servicio de ocho horas, cuando, según sostienen, en un barco el servicio real es de veinticuatro horas. Respecto al armamento, González señaló que les entregaron una escopeta «y poco más», lo que a su juicio no resulta «oportuno ni prudente» para enfrentarse a piratas que utilizan armas automáticas.

«Así no se puede ofrecer el cien por cien de seguridad, y este es un asunto serio e importante», defendió.

La opción de que personal armado se embarcara en los buques que faenan en el Índico se puso sobre la mesa a raíz del secuestro del «Alakrana». Ayer, el presidente de la Audiencia Nacional española, Ángel Juanes, aseguró que el tribunal especial «se ajustó a la más estricta legalidad» en el procesamiento de los dos piratas somalíes detenidos por su presunta participación en aquel secuestro.

Juanes consideró la competencia de la Audiencia Nacional en este caso, y sostuvo que, «ni si quiera en virtud del criterio de la jurisdicción universal, sino en virtud del criterio clásico del Derecho Penal, de la territorialidad, la Audiencia Nacional era competente». Precisó que la Sala de lo Penal «consideró, teniendo en cuenta que el buque tenía pabellón español, y por tanto que es territorio español, y que (el apresamiento) se cometió en aguas internacionales, que la jurisdicción española, y en concreto la Audiencia Nacional, resulta competente».