Ayer se vivió en Lasarte-Oria un episodio más del escándalo creado desde hace tiempo alrededor de las supuestas irregularidades detectadas en las partidas económicas destinadas al municipio nicaragüense de Somoto y gestionadas personalmente por la alcaldesa, Ana Urchueguía.

Ayer, en el pleno municipal se desestimó la moción impulsada por el PSE que proponía la modificación de la medida aprobada en el pleno celebrado el 15 de diciembre, donde se decidió crear una comisión para investigar los posibles desajustes de las ayudas. En principio, ayer tenían que decidir quién ocuparía el cargo de secretario en esta nueva comisión, ya que el del Ayuntamiento se negó a hacerlo argumentando que él está implicado en este tema porque los registros de las ayudas llevan su firma. Pero la sesión se centró en el planteamiento del partido de Urchueguía, que retoma la propuesta inicial que presentó en diciembre y todas las demás cuestiones se quedaron fuera.

El pleno se acabó como casi todos los que se celebran en el Ayuntamiento de Lasarte-Oria. En el momento en que las cosas empezaron a «torcerse» para la alcaldesa, ésta dio por finalizada la sesión. La excusa fue que tu-vo que llamar la atención dos veces a la concejala del PNV Estitxu Alkorta.

Sin mirar atrás

La Alcaldía planteó crear una Comisión Especial de Control de las ayudas que se otorguen a asociaciones y grupos locales por el Ayuntamiento, sin exclarecer las posibles irregularidades cometidas anteriormente en las justificaciones de las ayudas a Somoto.

Pero lo que la oposición pretende desde hace años es que se investiguen las ayudas enviadas a las entidades nicaragüenses Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria/Somoto (OHLOS) -recibe anualmente entre 30.000 y 40.000 euros para sueldos y funcionamiento-, Asociación de Desarrollo Comunitario (ASODECOM) y Alcaldía de Somoto durante los últimos 10 años. El carácter empresarial y de vinculación con el ámbito inmobiliario de los proyectos desarrollados, así como los cuantiosos bienes y gastos no justificados, hacen pensar que el dinero recibido de la cooperación es destinado al enriquecimiento de un grupo de personas entre las que Ana Urchueguía y Marcio Rivas, alcalde de Somoto, no están libres de sospecha.

El PSE afirma que su planteamiento se basa en las exigencias del interventor del Ayuntamiento, aunque éste emitió un informe centrado en la necesidad de investigar ayudas a Somoto.

Además de desenfocar el tema, el PSE se mostró «preocupado» porque los requisitos del interventor puedan dificultar la obtención de ayudas por parte de muchas asociaciones de la localidad guipuzcoana, cuando ni el interventor ni los grupos de la oposición han pedido nunca que se paralicen dichas ayudas.