De ser aprobado por el Congreso estadounidense, el nuevo gravamen, bautizado como «tasa de responsabilidad en la crisis financiera», permitirá recaudar unos 90.000 millones de dólares en diez años y 117.000 millones en doce años, según la Casa Blanca.

El nuevo impuesto se aplicará a las 50 mayores entidades financieras que operan en el país, entre bancos, aseguradoras e intermediarios financieros, aunque quince de ellas son filiales de compañías extranjeras.

El gravamen implicará, según los cálculos de los expertos, el pago de 1,5 millones de dólares por cada 1.000 millones de activos de las entidades afectadas. El 60% de la recaudación total provendrá de las diez mayores firmas financieras de EEUU.

En la presentación de esta iniciativa, el presidente, Barack Obama, dijo que si los grandes bancos están en tan buenas condiciones que pueden pagar «bonificaciones obscenas», también pueden devolver a la ciudadanía el dinero que los salvó del colapso. Obama se refería al plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares conocido como Programa de Alivio de Activos Depreciados (TARP, por su sigla en inglés), que fue aprobado a finales del 2008 por el anterior Gobierno.

Dado que todo el dinero no se ha gastado, y que algunos bancos están devolviendo las ayudas, la Casa Blanca calcula que el TARP costará finalmente unos 117.000 millones, por debajo de los 341.000 millones que se calculaba el pasado verano.

El nuevo impuesto, en cualquier caso, estará en vigor hasta que se recupere todo el dinero publico invertido en el rescate de las grandes entidades financieras.

La propuesta de Obama coincide con un creciente descontento público por las cuantiosas bonificaciones que los bancos están pagando a sus ejecutivos, y por el hecho de que no hayan suspendido el pago de dividendos a los accionistas, en un entorno de crisis económica y alto desempleo.

«Mi compromiso es la recuperación de cada centavo que se debe al pueblo», sostuvo Obama. «Y mi determinación de alcanzar esta meta se fortalece cuando veo informes de ganancias enormes y bonificaciones obscenas en las mismas firmas que deben su supervivencia al pueblo, al que no se ha indemnizado y que sigue afrontando las dificultades reales en esta recesión», aseguró.

La propuesta se encamina ahora al Congreso, con mayoría demócrata, donde no está claro qué posición tomarán los republicanos que, durante un año, se han opuesto prácticamente a todas las iniciativas de Obama.

Los grupos de presión que representan a la banca preparan una campaña agresiva para impedir la aprobación del gravamen, que consideran una medida populista del gobierno. Argumentan que el dinero recaudado por el gravamen se sacará del sistema bancario, donde podría utilizarse para respaldar nuevos préstamos.