La Fiscalía de Menores ha abierto diligencias preprocesales y ha solicitado a la Diputación de Araba que remita, con la mayor brevedad posible, todas las resoluciones de tutela automática de los menores no acompañados procedentes de otros países. La situación había sido denunciada públicamente la víspera por diferentes colectivos.

La fiscal del menor, Carmen Cotelo, también exigió las razones por las cuales no han sido emitidos algunos certificados. Precisamente, la Fiscalía pidió esta información a la Diputación el 23 de diciembre; sin embargo, a día de hoy, todavía no han recibido notificación.

Por su parte, la diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, argumentó que hay un retraso debido a las «dudas sobre la verda- dera edad» de los menores no acompañados.

La diputada de Política Social y Servicios Sociales, además, declaró que «en el 80% de los casos, las pruebas óseas apuntan a que los chicos serían mayores de edad». Por contra, tal y como explicó a GARA uno de los educadores conocedor de los hechos acaecidos la semana pasada, «lo que prevalece es el pasaporte». Es decir, la prueba ósea constituye algo complementario, pero el pasaporte es lo «único» determinante según las normas forales en este territorio.

Solaguren, además, tachó de «grave irresponsabilidad» hablar de malos tratos en centros de acogida.

En la rueda de prensa que anteayer ofrecían diversos colectivos y sindicatos en Gasteiz, felicitaban irónicamente a la Di- putación por conseguir «frenar el `efecto llamada'» y evitar que vengan más menores de otros países, ya que el último trimestre del pasado año Araba acogía 130 jóvenes y hoy la cifra se ha reducido a 101.

Ayer mismo, el grupo de la izquierda abertzale presentó una iniciativa al respecto en Juntas de Araba. Dice que Diputación lleva meses «mostrando su preocupación por la llegada de menores extranjeros y comparando el número de acogidas» con otros territorios. Además, solicita la relación de denuncias «por falsedad documental» y los datos en que se basan. Si Diputación no contara con una «base lógica» para sospechar de la supuesta falsedad, «podría pensarse que se trata de un cierre de puertas», subraya.